En el 2011, la Asamblea de ese departamento le concedió a la licorera la exención a un impuesto creado por Ley del Congreso de la República, y la nulidad fue pedida por la Contraloría General.
Según el fallo, “la Asamblea invadió las competencias que el constituyente le atribuyó al Congreso”.
En el departamento del Quindío también hay una exención desde el 2005, y en el Valle se aplica una norma similar que generó un detrimento patrimonial por 40.000 millones de pesos, tras aumentar de 500.000 a tres millones el número de botellas para campañas de promoción (degustación) entre el 2008 y el 2010 y sobre las cuales no se cobraron impuestos.
Un vistazo al gasto público de las degustaciones se obtiene de las cifras que maneja la licorera de Cundinamarca que, por demás, es una de las que más ha restringido la entrega gratuita de estos productos, cuyos tributos financian la salud en los departamentos.
Según Carlos Meza, gerente de la entidad, por cada botella que se entrega en degustación o donación, de 29 grados alcoholimétricos (como aguardiente), se pierden 8.120 pesos, de los cuales el 65 por ciento (5.278 pesos) son inversión en los planes de desarrollo departamentales y el 35 por ciento (2.842 pesos) está destinados a la financiación de la salud.
Tomado de:portafolio.co
