Y de paso echar por la borda la cultura ciudadana del pago de impuestos y contribuciones, presente en los años del despegue de Bogotá, cuando ésta era una ciudad que se quería y se defendía como propia.

Si bien es sabido que el Estatuto Marco de Valorización de Bogota, el Acuerdo 7 de 1987, no incorpora elementos fundamentales de la Constitución de 1991 y del Estatuto Orgánico de 1993, y es insuficiente para responder a las nuevas realidades bogotanas, no se trata de liquidarlo sino de actualizarlo. Difícil un instrumento mejor para financiar el progreso de una ciudad.

Se requiere con urgencia un nuevo estatuto que defina claramente cuatro preguntas claves: ¿qué tipo de obras se financian con cobros de valorización? ¿cómo se definen éstas? ¿a quienes se les cobra? ¿cuánto y cuándo se les cobra? Un mecanismo que garantice que los proyectos se establezcan luego de analizar su conveniencia social, técnica y financiera; que el cobro de la contribución sea justo (para todos y de acuerdo con sus posibilidades económicas reales, individualmente consideradas) y oportuno es decir, que se realice a medida que avanza la ejecución de las obras financiadas.

La experiencia indica que los reclamos como promedio cubren solo el 5% del valor total de la contribución liquidada. El enredo actual, con cobros excesivos y revisables ocurre en Bosa, Engativá y sectores de Suba que no superaron el 5% anotado. La situación fue magnificada por un mal manejo del Alcalde que permitió que la situación derivara en discurso oportunista con eco en los medios y alimentado por la resistencia ciudadana, de ricos y pobres, a pagar impuestos que regresa con fuerza a la ciudad por la pérdida de la cultura ciudadana del pago de impuestos.

La solución es revisar de inmediato los errores individuales de liquidación, aberrantes en algunos casos pero que no invalidan al mecanismo. No cobrar los recursos que irían a la compra de predios y diseño de obras para proyectos que aún no han sido definidos y que representan el 48% del recaudo programado.

Los recursos presupuestales ordinarios o de crédito deberían ser complementarios y no sustitutivos de los recaudados por valorización y destinados a financiar procesos previos de preparación y puesta en marcha de los proyectos, y cofinanciar obras de beneficio local que por los bajos ingresos de sus beneficiarios no puedan ser financiadas en su totalidad con el correspondiente recaudo de valorización. El crédito no eximiría al ciudadano del pago de las obras que sería muy superior en el monto de los intereses a pagar; permite, eso sí, diferir en el tiempo el impacto de las obras en el bolsillo ciudadano – Petro gasta y otros alcaldes cobran -.

De este rifirrafe entre el Consejo y el Alcalde, debe resultar mejor un nuevo estatuto de valorización que garantice la realización gradual y ordenada de las obras que se necesitan para las cuales todos los ciudadanos habrán de contribuir de acuerdo con sus posibilidades económicas y el beneficio que les reportan, contribuciones que pagarán al ritmo de su ejecución y entrega. Solo así se recuperará la cultura del pago, hoy perdida por incumplimientos del recaudador, el Distrito y por la desconfianza generada en los ciudadanos y contribuyentes por las demoras y pobre ejecución de las obras en medio de una tremenda corrupción en su contratación. Privarse de este instrumento de financiación es condenar a Bogotá al atraso.

Tomado de:elespectador.com