El 9 de septiembre, cuando terminen las sesiones ordinarias en el Concejo de Bogotá, esa corporación deberá definir si la modernización tributaria –presentada allí en días pasados por la administración distrital para airear el recaudo capitalino– recibe la bendición o, al contrario, va a dar al traste. Más allá de la decisión que tome el cabildo, es cierto que desde 2010 tanto la alcaldía de Samuel Moreno como la de Gustavo Petro han buscado sin mayores resultados remozar los gravámenes de la ciudad, simplificar sus trámites e incrementar el recaudo que hoy representa ingresos anuales equivalentes a $6 billones.
Para no ir tan lejos, desde su llegada al Palacio Liévano el alcalde Petro ha presentado ante el Concejo en dos oportunidades algo que él mismo ha denominado ‘modernización tributaria’. Se trata de un planteamiento que busca equilibrar las cargas entre los contribuyentes de la capital bajo un simple concepto de progresividad. Es decir: el que más tiene es quien más paga. En ambos intentos, sin embargo, la iniciativa se ha derrumbado como castillo de naipes durante los debates en el cabildo.
Así pues, muchos se repiten las mismas dos preguntas por estos días: ¿Qué tan beneficioso es el plan para las finanzas de la ciudad? y ¿cómo afectará el bolsillo de quienes pagan impuestos en Bogotá?
Según Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda, este nuevo proyecto tributario es una apuesta cuya columna vertebral se sostiene sobre cuatro ejes: incremento del recaudo predial –como máximo en $200.000 millones y como mínimo en $60.000 millones–, simplificación de los trámites del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), implementación de cobros por congestión y ajuste de los impuestos de estampilla.
De aprobarse la iniciativa, el recaudo del Distrito recibiría en el mejor escenario un incremento cercano a los $300.000 millones. O, en otras palabras: pasaría de $6 billones a unos $ 6,3 billones. La clave para lograrlo se encuentra al revisar eje por eje.
El primero, y tal vez el que mayores cambios sufriría, sería el predial. Por cuenta de este impuesto, actualmente la ciudad recibe al año cerca de $2 billones, de los cuales 15% se descuenta por ser destinado a la CAR. Eso quiere decir que realmente quedan disponibles $1,6 billones. Lo que propone la administración para acrecentar ese monto es un ejercicio de aritmética pura: los predios cuyo avalúo catastral sea igual o superior a los $230 millones pagarían el 16 x 1.000 sobre ese valor.
“Si se aprobara ese ejercicio, el recaudo del predial se incrementaría en unos $200.000 millones –apunta Bonilla–. Ahora, no obstante, estamos trabajando en atenuar esa escala así: aquellos predios que tengan un avalúo catastral superior a $500 millones tendrían una tarifa máxima que en este caso sería del 14 x 1.000. Si lo hiciéramos sobre esta última escala, el recaudo adicional oscilaría entre $60.000 y $120.000 millones”, remata el funcionario.
¿Y los predios de menor avalúo? Según el Secretario, los inmuebles con avalúos inferiores a los $500 millones –el grueso de la clase media– quedaría pagando tarifas de entre el 6 x 1.000 y el 7 x 1.000 sobre el valor de sus predios. “Es decir, los que van a tener un incremento importante serán unos 160.000 predios, cuyos avalúos superan los $230 millones. Y, de ese universo, los que superan los $500 millones, que serían cerca de 80.000”, explica Bonilla.
En resumen, de 1,4 millones de bienes residenciales que hay en Bogotá, tan solo entre 6% y 10% sufrirían un incremento importante en el impuesto. En el Concejo está la última palabra.
Otros impuestos
El segundo eje del proyecto gira en torno al ICA. Hoy en día este tributo representa 50% del recaudo de la capital: $3 billones. Un monto considerable que, a diferencia del predial, no pretende ser incrementado: tan solo se busca simplificar su trámite –para muchos engorroso– a la hora de pagarlo.
Para entender el asunto es necesario dar una mirada al funcionamiento de este impuesto. Bogotá tiene hoy 180.000 contribuyentes del ICA, de los cuales 20.000 son del régimen simplificado; es decir, aquellas personas cuya actividad genera ingresos entre $49 millones y $105 millones anualmente. Estos declaran una vez al año.
Adicionalmente, hay un segundo grupo –el más importante– que lo conforman los del régimen común (todas las personas naturales o jurídicas cuya actividad económica genera ingresos superiores a los $105 millones al año). Este segmento, del cual hacen parte 160.000 contribuyentes, declara bimestralmente. De dicho universo, sin embargo, menos de 15.000 generan 90% de los ingresos y, el resto, 10%.
Entonces, “la propuesta que hacemos –recalca Bonilla– es llevar a estos 145.000 que declaran bimestralmente a declarar una vez al año. Y que los 15.000 que son los grandes contribuyentes nos sigan declarando bimestralmente”.
En líneas gruesas, se trata de hacer expedito un trámite complejo. Mientras tanto, los dos últimos ejes de la modernización tributaria son los cobros por congestión e impuestos de estampilla. El primero consiste en presentar al Concejo la idea de implementar peajes urbanos en aquellas zonas de mayor tráfico de la ciudad. Y el segundo tiene que ver con el gravamen de estampilla –un porcentaje que se cobra sobre el valor de ciertos contratos del Estado– y que en el caso del Distrito representaría incrementar el recaudo en unos $13.000 millones al año.
Al poner el termómetro dentro del Concejo, Dinero pudo establecer que el ambiente no es el más favorable. Así pues, el mensaje es para que los ponentes encargados de estudiar la iniciativa y el cabildo en pleno tomen la decisión que más le convenga a Bogotá.
Tomado de: https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/proyecto-reforma-tributaria-para-bogota/200633
