Aunque estaba previsto que la votación de la reforma tributaria comenzara al mediodía de ayer en plenarias de Senado y Cámara, durante la mañana el presidente Juan Manuel Santos terminó de reunirse con las bancadas de los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical para limar asperezas, dar algunas explicaciones y así pisar el acelerador a fondo para la aprobación de la iniciativa antes de que termine el período legislativo.

En la Cámara de Representantes, hacia las tres de la tarde, se levantó la sesión porque el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, no llegó. Entre tanto, en el Senado comenzó el debate a la misma hora y no se votó el proyecto. En el recinto se escucharon voces de congresistas que aseguraron que se perdió un día de trabajo.

Camilo Sánchez Ortega, senador de la República, contó que en los próximos días que quedan para aprobar la reforma, se buscará que no se impongan impuestos al concreto y que la reducción al precio del galón de gasolina no sea de $200 —como se había propuesto—, sino de $500. Agregó que se propondrá un artículo para imponer nuevos gravámenes a las empresas del sector petrolero y minero para así terminar con las exenciones tributarias vigentes.

“Otro punto que se tiene para la plenaria es el de poder gravar los dividendos. Además, se busca que con recursos de las cajas de compensación se puedan financiar las universidades públicas”, dijo Sánchez, quien además aseguró que el Congreso “no va a correr” con la aprobación de la reforma. “Sí se necesitan sesiones extraordinarias. Esto no se va a ‘pupitrear'”.

Simón Gaviria Muñoz manifestó que dentro de la reforma se busca que las regalías minero-energéticas no puedan ser descontadas del pago de impuestos. “Esto le ha costado al país $2,3 billones. Que las petroleras y mineras asuman”.

Comentó que luego de la reunión con el presidente Santos se acordó modificar la tabla para imponer el gravamen de renta a personas naturales (IMAN), debido a que en el artículo 333 de la segunda versión del proyecto se estaba aumentando la tarifa a la clase media y descontando impuestos a quienes devengan más de $15 millones al mes.

“Dejar la tabla del IMAN como estaba es bueno, porque la reforma vuelve a ser progresiva. Que los que tienen menos, paguen menos”, dijo el representante, quien agregó que otro compromiso al que se llegó con el Gobierno es que los beneficios del desmonte de los impuestos parafiscales no sólo serán para las empresas, sino que irán destinados a las personas naturales que contraten personal.

Juan Ricardo Ortega, jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), recalcó que la iniciativa “no tiene ninguna intención de gravar a la clase media. Hubo una modificación en la tabla del IMAN y no hay problema en dejarla más baja”. De acuerdo con el funcionario, la gran mayoría de personas que componen la clase media no clasifican dentro de los rangos para pagar el IMAN.

“Yo acá no veo quórum ni nada. Todo el mundo está viendo cómo hace para chantajear al Gobierno. Esta iniciativa todavía no se vota”, manifestó el senador Mario Laserna. Con este panorama la votación definitiva, según los propios congresistas, comenzará desde este viernes y podría llegar hasta el lunes.

Por eso, ante los apuros, la tensión se tomó los pasillos del Congreso, en donde muchos aún cuestionan cómo una reforma que duró en estructurarse más de un año, pretende ser aprobada en tan poco tiempo y con tantas críticas de sectores que se sienten afectados con la propuesta del Gobierno, como los constructores, los educadores, la agricultura, la hotelería, la salud, entre otros.

El presidente Santos ayer defendió nuevamente la iniciativa y manifestó que con la creación del impuesto a la equidad (CREE) ligado al impuesto de renta del 25%, no se va a desfinanciar el Sena, el ICBF ni la salud. Las cuentas del director de la DIAN indican que por este tributo estas entidades recibirían cerca de $800.000 millones más anualmente.

El mandatario recordó que el IVA a la medicina prepagada no quedará en 10 sino en 5%, hecho que beneficiaría a 5 millones de colombianos.

Tomado de: elespectador.com