El ‘liberalismo económico’, llevado al extremo, considera que la empresa privada tiene el deber de producir utilidades, cumplir la ley, y generar empleo decente. El resto lo provee el Estado. Al otro lado, el ‘estatismo dirigista’ considera que la empresa privada beneficia a pocos y que el Estado debe manejar las compañías para asegurar la disponibilidad equitativa de bienes y servicios.

Está probado que la libertad de la organización permite la expresión productiva de la creatividad individual y la creación colectiva de riqueza. Salvo escasas excepciones, la estatización genera burocracia y destrucción de riqueza por ineficiencia y corrupción. Los ejemplos abundan a lo largo de la historia y a lo ancho de la geografía.

Está demostrado que quien vive en la abundancia, pero rodeado de pobreza, no tiene paz.

No es solo asunto de justicia social, que la humanidad debe abordar con seriedad, es una observación de la realidad. Si vivo en una buena casa, pero mis vecinos no tienen qué comer, ¿qué pasa? Tendré que rodear mi casa de muros y vigilantes armados para evitar que la necesidad los empuje a ellos a violar la ley en busca de su supervivencia.

Primera conclusión simple: así sea por la egoísta búsqueda de nuestra tranquilidad individual, tenemos que ayudar a resolver los problemas de nuestros vecinos.

No existe ley natural que obligue a una sociedad a permitir la libertad de producir utilidades. El modelo de libre empresa existe por el acuerdo colectivo de una nación. Si tenemos libertad para desarrollar compañías es porque colectivamente hemos decidido que ese modelo a todos nos conviene. Pero si la mayoría no ve los resultados, eventualmente esa decisión cambiará. Comúnmente, a través de la frustración colectiva manifiesta en revoluciones, dictaduras populistas o golpes de Estado. Mantener el orden preestablecido a través de la fuerza es cada vez más difícil. Los ejemplos abundan y las razones de fondo son similares.

Segunda conclusión simple: ejercer la actividad de empresa privada es un privilegio otorgado por el contrato colectivo y exige resultados: beneficios para todos.

No basta con respetar las leyes. La organización privada tiene una obligación pública que va mucho más allá de pagar salarios e impuestos. Una responsabilidad de resultado, no de medio.

La existencia de un modelo de empresa privada debe producir un estándar de vida aceptable para toda la población. Si el resultado es malo perderemos ese privilegio, pues la gente deseará cambiar el modelo por cualquier otro.

Si ‘el sistema es corrupto’, debemos aplicar nuestras habilidades demostradas en el éxito de las compañías para cambiar esa situación. Resolverla, como resolvemos los problemas de nuestras empresas. Con inteligencia y aplicación de nuestros mejores recursos. Incluyendo, la posibilidad de convertirnos nosotros mismos en políticos honestos.

Si ‘los impuestos no se utilizan correctamente’, necesitamos alternativas para que el bienestar llegue a nuestros vecinos. Esa inversión privada será la más rentable de todas.

Tercera conclusión simple: si el modelo no es sostenible a largo plazo, nuestras compañías y estilo de vida tampoco lo serán.

Siglos de experiencia y variados intentos de violar las leyes de la economía nos han enseñado que no se pueden cambiar por decreto. Si no queremos ser un ejemplo de ello, con trágicos resultados y pérdida de décadas persiguiendo un modelo equivocado, debemos aplicar nuestra inteligencia y recursos para que el modelo económico genere bienestar para todos.

Únicamente así, conseguiremos la paz y la tranquilidad que deseamos. Solo de esta forma, podremos defender el derecho a ejercer la empresa privada libremente, porque habremos cumplido con la obligación pública de asegurar los resultados prometidos.

Por egoísmo o por altruismo, estamos obligados a jugárnosla por el bienestar común.

Tomado de: Portafolio.co