Entregarle a la población bienestar en forma de pensión, cuando las personas se enfrentan a la vejez, la invalidez o la muerte, es el gran reto y la preocupación de los gobiernos a nivel mundial.

Es sin lugar a dudas la solución a este problema, uno de los factores que más impactaría la capacidad productiva de los trabajadores y por ende, la competitividad de los países.
 

En primer lugar, quienes definen la política económica ven cómo todos los años los presupuestos oficiales se impactan por las mesadas pensionales.
 

En segundo lugar, los trabajadores sienten que la regulación con respecto a las pensiones va a sufrir cambios drásticos que no los favorecen, tales como bajas tasas de reemplazo pensional y tiempos de cotización más largos. Adicionalmente, un número alto de personas no confían en que vayan a recibir su pensión.
 

El sistema de pensiones en Colombia, hasta 1993, era el régimen de prima media (RPM), gestionado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), empresa de capital público.
 

Debido al incremento de la edad promedio de la población colombiana y al desmesurado aumento de la deuda pensional del Gobierno, que para 1993 ascendía al 260 por ciento del PIB, se implementó la reforma de 1993 (Ley 100) con un régimen de pensiones paralelo, que consiste en que cada persona se hace responsable de su ahorro.
 

Es decir, la pensión se convirtió en un negocio en el que aportes y rendimientos financian la futura pensión. Se le llamó Régimen de Ahorro Individual (RAI) y es gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creadas con capital privado.

¿Qué ha pasado?

En la actualidad Colombia tiene 23 millones personas económicamente activas: 10 millones afiliados al RAI y 6 millones en el RPM (Colpensiones). Los restantes 7 millones son desempleados y no afiliados. Adicionalmente, cerca del 50 por ciento de los afiliados no cotizan por la alta informalidad del empleo y la inestabilidad del formal.
 

Cuando decrece el número de cotizantes, el esfuerzo presupuestal que debe hacer el gobierno es mayor. Hace 10 años el gasto en pensiones era del 1 por ciento del PIB; hoy es alrededor del 4 por ciento, equivalente a 25 billones de pesos.
 

Esto, junto con el incremento de la esperanza de vida y el aumento de deuda pensional (160 por ciento del PIB según Anif), evidencia la necesidad de una nueva reforma pensional, que probablemente incrementará tanto la edad de jubilación, como el tiempo de cotización de los trabajadores afiliados.
 

Es necesario aprender de las experiencias de algunos países de Europa, que por cuenta de déficit fiscales muy altos, explicados en gran parte por su gasto pensional, entraron en desequilibrios macroeconómicos y sociales sin precedentes.

Tomado de: elcolombiano.com