Su impuesto a la renta se eleva de 33 a 37%, mientras que cambiarle el nombre al impuesto al patrimonio por impuesto a la riqueza le quita la estabilidad a concesiones hechas generosamente por la administración Uribe a muchas empresas extranjeras y nacionales.

El impuesto a la riqueza permite excluir solamente $360 millones de acciones o el valor de una vivienda. Sin embargo, las tasas son marginales, lo cual hace que las empresas paguen $6 billones y las personas naturales sólo $200.000 millones; así, Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien cuenta con la mayoría accionaria del Grupo Aval y con portafolios de inversión diversificados, deja de pagar su justa cuota.

Como he argumentado antes, el impuesto a la riqueza sería innecesario si hubiera una tributación fuerte sobre los dividendos que reparten las empresas a sus dueños, con la enorme ventaja de que recae sobre un flujo de ingresos y no sobre el patrimonio que lo genera, incentivando al mismo tiempo la inversión: los dueños de las empresas preferirían recibir menos dividendos y aumentar su riqueza a futuro.

Problemas adicionales de este impuesto, según la Revista Dinero, son los siguientes: las empresas pagan sobre su patrimonio neto en libros, que es considerablemente menor al precio de mercado que alcanzan a tener, si por ejemplo se valoran al precio de sus acciones en la bolsa, lo cual es más problemático aún para las sociedades limitadas que se autovaloran; las empresas intensivas en capital pagan más que las intensivas en mano de obra y las empresas nuevas pagan más que las viejas que han depreciado su planta y equipo; las empresas que están obteniendo una alta rentabilidad pueden pagar el mismo impuesto que otras que están obteniendo pérdidas, precipitando su quiebra.

Si se insiste en que el impuesto a los dividendos castiga dos veces el mismo ingreso, peor es el impuesto a la riqueza, que hace pagar a los activos netos que generan una renta que tributa, distorsionando la rentabilidad y fomentando el endeudamiento. El doble impuesto al flujo de utilidades se justifica porque el capital debe tributar una tasa alta y es además equitativo: tributan más los que más tienen y la sociedad puede pagar por los bienes públicos que hacen más llevadera la vida de sus ciudadanos.

La propuesta tapa los $12,5 billones del hueco fiscal de 2015, pero no enfrenta las inversiones en el agro que se están negociando en La Habana. Éstas pueden sumar entre 1,5 a 2% del PIB anuales, o sea, entre $12 y 16 billones. El Gobierno, además, hizo como Ulises, que se amarró al mástil de su nave y tapó con cera los oídos de sus remeros para que no escucharan el canto de las sirenas que los conduciría a estrellarse en las rocas, lo cual es precisamente la regla fiscal que le ata las manos en su endeudamiento y que lo obliga a reducirlo en el largo plazo.

No estoy sugiriendo que toda la inversión se haga con endeudamiento y sería excelente si el Gobierno lograra que los ricos paguen por la paz que los hará más prósperos, pero no tiene sentido empequeñecer el tamaño del Estado en momentos en que se requiere su ampliación. Un aumento de la tributación es equivalente a un incremento de la capacidad de endeudamiento del Gobierno; por lo tanto, ambas fuentes de financiamiento pueden ser utilizadas productivamente sin poner en riesgo su solvencia.

Tomado de: https://www.elespectador.com/opinion/propuesta-tributaria-columna-520759