El Congreso colombiano aprobó hace pocos días una ley que prohíbe la “fidelización forzosa” de los clientes bancarios al permitirles prepagar sus deudas, posibilidad que por decisión de la Corte Constitucional existe desde 2002 para los créditos hipotecarios.
Así, los deudores siempre podrán buscar entre los bancos menores tasas y mejores condiciones crediticias. De tal modo, sus costos financieros serán menores, lo que les permitirá lograr una mayor competitividad tanto en los mercados nacionales como en los internacionales, cuestión sumamente importante para la salud de la economía colombiana, más aún en contextos como el TLC con Estados Unidos, Europa, la Alianza del Pacífico y otros países.
La economía de mercado, una de las instituciones más inteligentes creadas por el hombre, produce desarrollo económico y social cuando sus principales mercados funcionan eficientemente. Ello ocurre cuando funcionan en competencia plena, es decir, sin fallas de mercado que distorsionen sus resultados y generen rentas ineficientes que, usualmente, aumentan las utilidades de los proveedores a costa de las de los compradores. Cuando esas fallas no se eliminan espontáneamente, el Estado debe intervenir para eliminarlas o regularlas; este es el presente caso.
Los mercados crediticios colombianos y otros mercados de servicios están plagados de esas fallas. No es por ello una casualidad que, reiteradamente el Banco de la República ha afirmado en sus reportes de Estabilidad Financiera que los mercados de crédito colombianos operan en “competencia monopolística”. La última afirmación es de septiembre de 2010.
Las fallas más notorias son: 1) “fidelizaciones forzosas”, como las prohibidas, que impiden la movilización de los clientes hacia los proveedores más eficientes; 2) precios opacos, nadie sabe cuánto efectivamente paga por un crédito puesto que, al final, no sólo paga la tasa de interés, el precio del crédito, sino seguros, comisiones, consultas y otros que no son contabilizados en esa tasa; 3) asimetrías de información, que significa que el banco sabe casi todo sobre el producto y el cliente y, para comenzar, el cliente no sabe cuánto paga por él, ni conoce a ciencia cierta las obligaciones que asume en las “letras menudas” de los contratos; afortunadamente, una norma reciente de la Superintendencia Financiera también las prohíbe.
La aplicación de la nueva ley, sin duda, podrá significar menores ganancias para algunos bancos, no necesariamente mayores costos, particularmente para los grandes. Pero para los más pequeños, ofreciendo menores tasas y compitiendo así en el mercado crediticio, como debe ser, representa una gran oportunidad para ampliar su participación de mercado y sus ganancias. Las recientes manifestaciones de sus líderes sobre el tema reflejan este conflicto de intereses.
Uno de los argumentos esgrimidos en contra de la eliminación de esta “fidelización forzosa” es que generará un problema de descalce para los bancos, entre los plazos de los pasivos que tienen y los de los créditos que otorgan. Resulta que la misión de un banco es prestar. Si alguien prepaga un crédito, el monto correspondiente puede y debe volver a prestarse. De tal modo, en el fondo, lo que el argumento está poniendo en duda es la propia eficiencia con que los bancos funcionan.
En últimas, la cuestión es si queremos una economía de mercado eficiente o rentista. La nueva ley avanza en la primera. Por ello, hay que celebrarla.
* Ph.D. Profesor universidad Javeriana.
Tomado de: elespectador.com
