Esta es una cifra escalofriante, especialmente cuando en Colombia las últimas reformas tributarias han buscado recursos por un punto del PIB, aproximadamente. Naturalmente, como este tema es poco atractivo en época electoral, los candidatos presidenciales y sus asesores poco o nada han dicho al respecto.
La preocupación que me asiste es que en los años recientes hemos sido testigos de un espectáculo de corrupción que jamás creímos existía en Colombia, de indiferencia y hasta burla de la clase política con los ciudadanos, como en el caso de la fallida reforma a la justicia y de decisiones de la rama judicial que, en algunos aspectos, dejan muchas inquietudes sobre a quién está defendiendo.
Adicionalmente, llevamos años sin hacer reformas, que a todas luces resultan convenientes y evitarían el desangre de un fisco en aprietos y que frecuentemente debe presentar reformas tributarias al Congreso para cuadrar sus cuentas. El argumento es que “no hay ambiente político” para hacer reformas que hagan más eficiente el gasto público, focalicen mejor los subsidios, corrijan el descuadre de un sistema pensional público desfinanciado y hagan más racional el recaudo de impuestos como el IVA.
Esta combinación letal de corrupción, politiquería y de una rama judicial que se vende al mejor postor, habla muy mal del desarrollo institucional reciente en nuestro país y de la fragilidad de los pilares de nuestra democracia.
A mi juicio, este es el debate que se debe dar antes de hablar de una nueva reforma tributaria. El Estado debe tener legitimidad ante sus ciudadanos para poder cobrar y recaudar impuestos. ¿O qué sentido tiene movilizar más recursos hacia el Estado para que los corruptos se sigan robando las arcas públicas ante la mirada perpleja de la ciudadanía?
Los escritores clásicos siempre tuvieron claro que el contrato social requiere que el ciudadano sienta que recibe un trato equitativo por parte del Soberano, que hay claridad en el destino que se da a los recursos que recauda y que los impuestos que se cobran son proporcionales y adecuados. Los pueblos siempre se han protegido de Leviatán, del Estado autárquico y absoluto, que solo ve por sus propios intereses, maximizando la tributación y abusando del ciudadano. Revoluciones se han gestado a lo largo de la historia cuando el Soberano incumple su parte del contrato social.
Es claro que en algunos aspectos, el Estado colombiano y sus representantes están en deuda con nosotros en el cumplimiento de su parte del contrato social, y creo que es conveniente exigirles que corrijan el curso antes de aceptarles que busquen mayores recursos.
¡Correr a hacer una reforma tributaria en las actuales circunstancias, por pura aritmética fiscal, es un grave error!
Tomado de: https://www.portafolio.co/columnistas/la-legitimidad-del-estado-cobrar-impuestos-cordoba
