La renuncia de Juan Ricardo Ortega a la Dian, deja un sabor agridulce. De una parte, su positiva gestión demuestra que hay personas que hacen la diferencia y contribuyen en forma significativa a mejorar la administración pública. De otra, su salida presionada por las mafias del contrabando refleja que nuestro estado tiene enormes dificultades para imponer la ley y enfrentar al crimen organizado.

Hay muchos aspectos positivos de la gestión de Ortega. Entre los más destacados están la eliminación de los principales impuestos a la nómina y el viraje hacia un esquema que limita las deducciones y exenciones a las personas naturales y jurídicas, de tal manera que el sistema tributario ha ganado progresividad.

También conviene destacar la mejora en la calidad de los servicios de la Dian. Si bien el sistema electrónico no se ha estabilizado por completo, hoy en día los principales contribuyentes diligencian y pagan en línea sus obligaciones. Las personas naturales recibimos la información que reposa en la entidad de forma previa a la presentación de las declaraciones, y hay una atención directa que está mejor organizada y es más profesional.

Se han implementado varios servicios muy útiles, entre ellos el excelente chat, que resuelve en línea inquietudes de los contribuyentes, y es posible agendar por teléfono citas previas para realizar los trámites. Gracias a esas mejoras, hoy los colombianos gastamos mucho menos tiempo para cumplir con nuestras obligaciones tributarias.

El principal problema fiscal que enfrenta el país es que las crecientes demandas de gasto recaen sobre los mismos contribuyentes, mientras que los evasores actúan con una impunidad muy alta, casi total. El propio Ortega reconoce (El Tiempo, junio 22) que el control a la evasión supondría aumentar el recaudo en 50 billones de pesos, monto equivalente a la mitad de los actuales ingresos tributarios. En otras palabras, con la evasión bajo control no se necesitaría ninguna reforma tributaria, al menos en las próximas dos décadas.

Aun cuando el contrabando ha sido un flagelo permanente en nuestra economía, de acuerdo con la Andi, el problema viene en aumento. La propia Dian estima que el contrabando mueve cerca de 12 billones de pesos al año, con pérdidas de recaudo de al menos 3 billones de pesos. Más allá de lo anterior, también se pierden empleos y actividad económica formal.

Las cifras y cálculos disponibles indican que el contrabando es un negocio de gran escala. Unos ejemplos muestran el tamaño de la problemática: para Fedearroz, el 16 por ciento del consumo nacional es de contrabando (es decir, entre 300 y 450 mil toneladas); a la vez que la Dian considera que al país ingresan ilegalmente un millón de cajas de whisky al año, y el 15 y 20 por ciento de la demanda local de gasolina y cigarrillos, respectivamente, se atiende con mercancía ilegal.

¿Cómo es posible un contrabando de esa magnitud, cuya movilización requiere decenas de miles de viajes de tractomulas con la mayor capacidad de carga? No cabe otra explicación que la existencia de bandas criminales organizadas, cuyas operaciones son cohonestadas por las autoridades.

Es crucial entender la envergadura y el tipo de problema que el país está enfrentando, porque de otra manera nunca se va a resolver. Pecan de ingenuos, por ejemplo, los senadores que piden ‘esculcar’ a los viajeros a la entrada de los aeropuertos, ya que ese no es el contrabando masivo que le hace daño al país.

Tampoco son razonables los llamados a ‘cambiar la cultura’ de los consumidores que compran productos de contrabando, tal como lo propone el gerente de Transformación Productiva (Portafolio, junio 20). Esto, porque parte sustancial de esos productos se reempacan luego de su ingreso ilegal al país y/o se venden utilizando canales de distribución formal.

En muchos casos (productos primarios, telas, confecciones), el comprador no sabe ni tiene porqué saber si el producto que le están vendiendo es nacional, importado o de contrabando, y la obligación de control no puede recaer sobre ellos a falta de autoridades.

La discusión del proyecto de ley anticontrabando que actualmente se surte en el Congreso es un buen escenario para que esta problemática recobre la prioridad que debe tener en la agenda pública. Pero si bien ajustar y endurecer algunas normas es necesario, no debemos perder de vista que el contrabando abierto en grandes volúmenes ya se encuentra penalizado.

Es decir, la Dian, la Policía, la Fiscalía y los jueces cuentan con herramientas para enfrentar estos delitos, pero quizás no tienen la suficiente disposición o la capacidad para hacer efectivas las normas vigentes. De ser este el caso, los aumentos de penas poco servirán para reducir el problema.

La gestión de Ortega en la Dian fue muy positiva, pero los avances necesitan consolidarse. Por eso es importante seguir fortaleciendo a la entidad con mayor capacidad técnica, sistemas de información y herramientas para identificar y castigar a los evasores. Pero las cifras muestran que el Estado está siendo superado por bandas criminales que manejan actividades ilícitas como el contrabando y la economía informal. Mientras estas actividades campeen, la carga tributaria seguirá recayendo de forma excesiva sobre las empresas y los asalariados, afectando negativamente la inversión y el empleo.

Carlos Alberto Sandoval,
Profesor de la Universidad EAN.
 

Tomado de: https://www.portafolio.co/opinion/la-gestion-ortega-y-la-dian-analisis