La Corte Constitucional declaró inexequible toda la Ley de Financiamiento

(La República) Menor recaudo, reducción en las tasas de crecimiento e impacto sobre la inversión, entre los efectos de la caída de la norma

 

Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional declaró inexequible toda la reforma tributaria del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, más conocida como Ley de Financiamiento que buscaba recaudar unos $7 billones, lo que según diferentes centros de pensamiento, gremios y universidades traería consecuencias negativas para la economía del país.

 

Los magistrados tomaron esta decisión por los vicios de procedimiento que ocurrieron el día en el que se aprobó la Ley de Financiamiento en el Congreso. “El vicio es insubsanable, una vez adoptada la decisión de la inexiquibilidad se determinó la necesidad de modular sus efectos, la decisión será a partir del primero de enero de 2020 puesto que sino ocasionaría un vacío en el recaudo para este año”, afirmó la presidenta de la Corte, Gloria Stella Ortíz.

 

De este modo, la Ley de Financiamiento se aplicaría hasta el 31 de diciembre y durante este tiempo el Gobierno tendría la posibilidad de aprobar una nueva tributaria en el Congreso. De lo contrario, se volvería al régimen tributario existente antes de la entrada en vigor de la Ley 1493.

 

A pesar de que la Corte no solicitó un concepto a la Andi, el gremio de los empresarios que lidera Bruce Mac Master envió un análisis al Alto Tribunal con las posibles consecuencias que traería esta caída entre las que destacan un golpe al recaudo, a la inversión, a las tasas de crecimiento y a la confianza, entre otros.

 

Según la Andi, el recaudo tributario se situaría en $156,9 billones, lo que significaría una caída de $1,6 billones frente a lo previsto en las cuentas fiscales. Y es que para ese año se estima que los recaudos por patrimonios a las personas naturales, el IVA plurifásico a las cervezas y gaseosas y el  impuesto al consumo por la venta de inmuebles, todos impuestos que se incluyeron en la Ley,  serían cero para 2020.

 

“Se estima que la economía podría perder cada año cerca de 0,8% y 1% anual y esta caída podría ser acumulativa. Perder esto nos va a poner más atrás para la lucha contra el desempleo y la informalidad. Para que tengamos oportunidad de disminuir el desempleo, tenemos que crecer a tasas superiores a 3,5%”, aseguró Bruce Mac Master.

 

Dado esos menores recaudos que recibiría el Gobierno como resultado de la caída de la Ley, el gremio de los empresarios también indica que los ingresos tributarios como porcentaje del PIB pasarían de pesar en 2019 de 14,3% a 13,9% y se llegaría en 2030 a 13,1%.

 

Igualmente, se proyecta que la caída de la norma llevaría a una posible calificación del grado de inversión del país a la baja y que se crearía un factor de incertidumbre legislativa que llevaría tiempo recuperar.

 

LOS CONTRASTES

  • BRUCE MAC MASTERPRESIDENTE DE LA ANDI

    “Se afectan las finanzas públicas, la estabilidad jurídica de las empresas, los emprendedores y las empresas que se están formalizando”

En ese sentido, otro concepto emitido por el Consejo Gremial en conjunto advirtió que la declaración de inexequibilidad también pondría en vilo el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas del Estado, lo que tendría serias repercusiones en el bienestar de los colombianos pues el Gobierno tendría que recortar el gasto y con ello se podrían desfinanciar los programas de inversión social, educación, seguridad y defensa, entre otros.

 

Por su parte, según el concepto emitido por Fedesarrollo a la Corte, esta caída provocaría que el crecimiento económico del país podría caer cada año 0,8 puntos porcentuales por lo que se podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal.

 

“Si esperábamos que para 2020 la economía colombiana iba a crecer a un ritmo de 3,5% ahora solo sería de 2,7%. Si bien una declaratoria de inexequibilidad podría, en principio, conducir a un mayor recaudo, consideramos que los costos en incertidumbre, inversión y menor crecimiento que se generarían con esa declaratoria sobrepasan los eventuales beneficios derivados de un posible mayor recaudo”, afirmó a LR hace unos días Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien sugirió al Alto Tribunal darle el visto bueno a la Ley.

 

Hay que recordar que esta Ley es uno de los ejes principales para que la economía crezca a un ritmo de 4,0% en el mediano plazo. No solo se prevé que su efecto incrementará el recaudo tributario al pasar de 0,1% del PIB en 2019, a 0,4% del PIB en 2022 y 0,7% en 2030, sino que también se estima que ayudará a elevar en cerca de 3,4% la inversión en 2019 para llegar a crecer 5,4% en 2020.

 

Respecto a la Ley, el propio Carrasquilla opinó hace unos días que si la Corte tumba la Ley se dejaría de recibir a 2030 el equivalente a un PIB anual, es decir, cerca de $900 billones.“Eso nos da el equivalente más o menos a un PIB anual de Colombia. Perdemos 10% de nuestra capacidad de ingreso de un tanganazo”, sentenció.

 

En total, había se pusieron 26 demandas contra de la Ley de Financiamiento y cinco de ellas pedían tumbar todo el texto mientras que el resto solo solicitaba que se cayeran algunos artículos puntuales como el de la sobretasa del sector financiero,  el impuesto unificado bajo el régimen simple, el tributo a los bienes inmuebles…

 

Ley de financiamiento buscaba $7 billones
Con la Ley de Financiamiento, el Gobierno de Iván Duque pudo dar vía libre a los $258,9 billones del Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2019, al que le faltaban $14 billones y se consiguieron unos $7 billones.

 

A pesar de los cambios que tuvo a lo largo de su debate como la caída de la extensión del IVA a la canasta familiar, la reforma incluyó un buen paquete de medidas para aliviar la carga que asumen hoy en día las empresas como la devolución del  100% del IVA sobre las inversiones de bienes de capital, le impuso un gravamen más alto a las personas naturales de mayores ingresos y le dio más dientes a la administración tributaria.

 

Además, al final del debate se incorporó una sobretasa de renta de 4%  a las entidades financieras del país.

 

 

Obtenido de: La República

 

 

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