(La República) El equipo de Carla Maldonado, Claudio Agostini, Pablo Correa, Rodrigo Winter y Max Spiess elaboró un documento con las conclusiones

Un grupo de economistas y abogados hizo pública una propuesta denominada Nuevo Régimen Tributario (NRT) para sustituir el actual sistema impositivo, justo en medio de la discusión acerca de la reforma tributaria, que cambió de orientación dado los últimos acontecimientos gatillados por el descontento social.

El equipo compuesto por los abogados Carla Maldonado, Rodrigo Winter y Max Spiess junto a los economistas Claudio Agostini y Pablo Correa elaboró un documento con las conclusiones de un trabajo que se mantuvo por casi dos años y que tuvo como objetivo proponer piezas estructurales para el establecimiento de un NRT.

“Creemos que ya no basta seguir amononando la casa, y sea con muebles nuevos o cambiando el papel mural para terminar generando un patchwork tributario. ¿Por qué no podemos darnos el espacio, el tiempo y las ideas, para repensar la casa por completo?”, argumentan los expertos, respecto al tipo de cambios que se le han hecho al actual sistema tributario.

El régimen que proponen, explican, se basa en cuatro principios. El primero es que la finalidad principal de los impuestos es financiar el Estado. El segundo es que los tributos deben ser neutrales, es decir, “el sistema tributario no debe generar distorsiones entre distintos sectores económicos, o distintas ubicaciones geográficas, o inducir la forma de, ya sea, organizar una actividad económica, o sus fuentes de financiamiento o ingreso”.

Un tercer principio es de la legalidad, que según explican los expertos en la propuesta, debe buscar que “junto con cumplir con requisitos certidumbre y control democrático, debe también, ser de fácil y evidente aplicación y entendimiento para el contribuyente”. El cuarto es de la creación de una nueva autoridad tributaria, con mejores atribuciones fiscalizadoras y con independencia del Ejecutivo.

La propuesta
La propuesta incluye un impuesto a los contribuyentes primarios, es decir, empresas o personas jurídicas, donde estas determinarán su renta líquida imponible considerando el total de sus ingresos de base percibida y deduciendo sus costos, gastos y expensas efectivas. Sobre esta base de renta líquida se aplicará un impuesto de primera categoría cuya tasa será del 30%.

Para los contribuyentes secundarios, esto es, las personas naturales que obtienen rentas de los anteriores, o a partir de su propio trabajo, estarán afectos a impuestos sobre la base de la renta percibida de remesas, retiros y distribuciones provenientes de contribuyentes primarios.

También se propone un impuesto al consumo, ampliando su espectro de aplicación a toda venta de bienes y derechos de vendedores habituales –incluyendo los inmuebles sin excepción- y a toda prestación de servicios –incluyendo los financieros sin distinción, como así también los de salud, y educacionales. La tasa en este caso será de un 15% sobre el valor del bien o servicio efectivamente pagado.

¿Impuesto al patrimonio? “No somos de la opinión de introducir un impuesto general al patrimonio atendiendo a que el país necesita fortalecer la capacidad de ahorro de los agentes privados para que éste se traduzca en mayor inversión y con ello, se fomente el ciclo de producción y desarrollo económico. Sólo de esta forma se logrará incrementar el producto y disponer de mayores recursos de redistribución. Esta conclusión esta reforzada tanto por la experiencia internacional en donde vemos que los países que intentaron implementarlos han ido progresivamente desmantelándolos; sino que además por la evidente dificultad y alto costo de su fiscalización”, dicen los expertos.

Obtenido de: La República