A pesar de que el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, lleva casi seis meses hablando de su reforma pensional, hasta ahora trabajadores, empresarios y los demás actores del sistema pensional no conocen al detalle su propuesta.
Además de la idea general de que los regímenes de prima media (RPM) y ahorro individual (Rais) no compitan sino que se complementen a través de un sistema de pilares en el que todos los trabajadores coticen sobre el primer salario mínimo al sistema público y por encima de este nivel lo hagan en las administradoras privadas, la iniciativa genera hoy más preguntas que certezas.
“Déjenos conocer los documentos técnicos, modelos y cálculos en los que el Gobierno ha basado su propuesta. No solo a nosotros sino a los trabajadores y académicos, para evaluar el impacto que esta podría tener”, le pidió a Pardo Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, durante el congreso del gremio de las administradoras de fondos de pensiones y cesantías que se realizó a finales de la semana anterior.
“Tomémonos más tiempo, Ministro, para profundizar la discusión de la reforma antes de que esta llegue al Congreso de la República. Y, sobre todo, evaluemos la contribución de cada régimen a los problemas, pues es en el esquema público donde se genera la inequidad y la insostenibilidad del sistema”, agregó.
Pardo ripostó: “no vamos a sorprender a nadie pues no tenemos cartas escondidas. Estamos buscando el mayor consenso posible antes de llevar la reforma al Congreso. Hay que ponernos de acuerdo alrededor de algunos principios como universalidad, equidad, solidaridad, sostenibilidad, seguimiento periódico, entre otros”. Y pidió “no poner fechas”.
Respecto a los cálculos, dijo que eran efectuados con base en el modelo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), los cuales no solo estaban disponibles para todo el mundo sino que eran mejor conocidos por Montenegro, que había sido director de esa entidad. No obstante, advirtió que están buscando un contrato de asistencia técnica con la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
Las diferencias entre el Gobierno y los fondos privados, que se hicieron evidentes durante el congreso del gremio, no son nuevas. Además, es innegable que para el Ejecutivo la prioridad en la agenda ha estado en otros frentes, como el tributario y la salud.
Ante las diferencias que hay con la reforma pensional y las velocidades de los proyectos –en plena época electoral–, es claro que la reforma no se presentará en esta legislatura e, incluso, el escenario de llevarla al Congreso en el segundo semestre, dentro de un debate político más caldeado, tampoco está despejado.
Si hay un tema en el que los consensos son complicados es el pensional, por su alta carga ideológica y de intereses, no solo del Gobierno sino también de los privados. Por eso es tan importante conocer los detalles de lo que se va a discutir.
DUDAS DE FONDO
El debate entre el Gobierno y los fondos privados empieza a tomar una nueva dinámica. Según los fondos, con la limitada información que existe, lo único claro es que la propuesta no resuelve los problemas actuales del sistema pensional y, por el contrario, podría empeorarlos.
Por ejemplo, el aumento de la cobertura de 43% a 81% se daría por la puesta en marcha de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) y el aumento del programa Colombia Mayor, así como la flexibilización del sistema con cotizaciones posteriores al reconocimiento de la pensión, compra de semanas y pensión familiar, entre otras propuestas. Pero no se pensionará más gente pues están poniendo condiciones al Rais, tales como la edad y las semanas cotizadas, que actualmente no tiene.
Según Montenegro, tampoco reduce el stock de deuda pensional ni frena la inequidad, pues le sigue otorgando subsidios a quien no los necesita. “¿Para qué, entonces, una reforma estructural? ¿Hay otros fines que no conocemos? No entiendo cómo se crea un esquema de cuentas individuales para los que menos capacidad de ahorro tienen (los Beps) y, por otro, se fortalece un régimen común para los que más tienen”, agrega.
Pardo, por su parte, responde que no se va a correr, pero el Gobierno sí cree necesario hacer cambios estructurales para acabar con el problema de los traslados entre los regímenes (más de 100.000 al año) y la inequidad.
“Nos estamos gastando $24 billones anualmente para financiarles la pensión a menos de 1,6 millones de personas. Con el agravante de que el grueso de los recursos se concentra en los más ricos, mientras que dejamos al grueso de la población sin protección. No tenemos una bomba pensional –pues no estamos pensionando a todos– pero sí una bomba social”, explica el Ministro.
Para Roberto Junguito, exministro de Hacienda, nadie discute este diagnóstico y la urgencia de acabar con estos problemas. “Pero, ¿con qué tipo de reforma? Hay que profundizar la discusión para poder perfeccionar las propuestas. Debe haber mayor apertura y escrutinio a la reforma planteada”, afirma.
Precisamente, uno de los puntos de mayor discusión y preocupación de los fondos privados es un posible traslado masivo de recursos hacia el sistema público y la nueva institucionalidad que se está planteando.
“Se está hablando de un ente estatal que se encargue de los procesos y la administración del sistema, algo similar a lo que se está planteando en Salud, que costaría más de $400.000 millones anualmente y ya sabemos la probada incapacidad que este tipo de entidades ha mostrado en el pasado ante la corrupción y la politiquería”, afirma el presidente de un fondo de pensiones que prefirió mantener su nombre en reserva.
Para otros, el impacto en este traslado se reflejaría rápidamente en otras áreas de la economía. No solo le quitaría dinamismo al mercado de capitales, sino que afectaría el “crecimiento, el ahorro y la profundización financiera del país”, afirma Fedesarrollo. Se estima que los recursos que tienen en los fondos privados las personas que devengan menos de un salario mínimo representan 25% del total. Esto es, alrededor de $40 billones.
Según Pardo, no se pretende estatizar recursos ni nacionalizar el sistema. Tampoco es una reforma con fines fiscalistas. “Pero si no cambiamos el statuo quo, el pasivo pensional comenzará a subir”, advierte. Sobre el tema de la inequidad, se mostró partidario de limitar la gente que recibiría el subsidio (de $87 millones) sobre el primer salario mínimo y comenzó a hablar de un régimen de transición de diez años. Al parecer, su estrategia es lanzar ideas y esperar reacciones. No obstante, las preguntas siguen siendo muchas y las soluciones no son fáciles.
Para muchos analistas, el tema de cobertura se debería solucionar arreglando los problemas del mercado laboral, como el alto nivel de subempleo e informalidad, y con una educación de mayor calidad; mientras para mejorar la equidad hay que acabar con el activismo judicial y no dejar que unos pocos sigan legislando y gobernando en beneficio propio. Si no es así, nada de lo que se haga será sostenible, por más consensos que se logren, pues ‘el diablo está en los detalles’.
Tomado de:dinero.com
