Una decisión definitiva tomará el Gobierno hoy durante el Consejo de Ministros, que se realizará en San Andrés, sobre los proyectos de ley que priorizará para presentar al Congreso.

En particular, el debate acerca de si es o no oportuno tramitar las reformas tributaria y pensional en la legislatura que inicia el próximo viernes es el más candente.

Por un lado, está el ambiente hostil entre Congreso y Gobierno, generado por el fallido intento de reforma de la justicia para que hiciera parte del engranaje de iniciativas que requiere el modelo planteado por el presidente Santos.

En contraste, están los argumentos que ha puesto sobre el tapete con anterioridad el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y que muestran que, por las dos reformas, bien vale la pena que el Gobierno se lance al agua en el Parlamento. “Las pensiones van a estar por encima de 22 billones de pesos, lo que representa el 4 por ciento del PIB. Para poder reducir el impacto de las pensiones en el presupuesto total, el Gobierno pretende aumentar los recaudos con el objetivo de reducir los intereses de la deuda, de 3 por ciento del PIB en la actualidad, a 1,9 por ciento”.

Echeverry ha dicho también que “si se reducen los recursos que se destinan a pensiones, en el 2017 van a dejar un espacio en el PIB”.

Esa reducción en la inversión pública en pensiones solo se lograría con la reorganización del sistema de jubilación en el país, el cual, para el exinvestigador del CID de la Universidad Nacional, Ricardo Bonilla, tiene un gran desfase. “El recaudo por los pagos de los afiliados fue de 12,8 billones de pesos en el 2010 (4 billones los aportaron los del Seguro Social y 8,8 billones los de los fondos privados). Entre tanto, el costo de los pagos a los ya pensionados fue de 12,9 billones de pesos (12,6 billones a los del Seguro, 327.000 millones a los de los fondos). Lo que se recauda cubre a ras la necesidad de pagos, pero no hay más. Es un problema financiero que hay que resolver”.

La necesidad de las dos reformas es evidente. La disyuntiva está en que, si no se presenta ahora, durante el próximo año la situación se complica, teniendo en cuenta que se inician las campañas políticas y los dos temas, pensiones e impuestos, tienen una alta sensibilidad, tanto económica como social.

“Las dos reformas debieron pasarse desde el año pasado. Ahora es la oportunidad, porque hay la presión que habrá en el 2013, que será un año electoral. En el caso de la reforma pensional, algunos estudios señalan que si no se tramita pronto, en dos años tendremos dolores de cabeza por la falta de recursos para cubrir las pensiones”, según el senador Camilo Sánchez.

Para Gilma Jiménez, vicepresidenta de la Comisión Tercera del Senado, no es momento para que el Congreso aborde los dos temas que considera de grueso calado. “Pediría al Gobierno tiempo y racionalidad, porque, en parte, ese acelere para que se le aprueben los proyectos es el que induce a situaciones como la ocurrida con la reforma de la justicia. Es necesario replantear la reglamentación del Congreso”.

Para Gustavo Sosa-Rostan, gerente de retiro de la firma Mercer, la reforma pensional no da espera. “Es una deuda social con los ciudadanos, por eso, todos los poderes del Estado deben buscar una solución que permita garantizar el bienestar de la población en la etapa de adultos mayores. Cuanto antes hay que diseñar un sistema pensional que se ajuste a la realidad del mercado laboral, las políticas de empleo y las características demográficas de Colombia”.

‘El país necesita aumentar los ingresos tributarios’

Aunque el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, afirma que la reforma no tiene como objetivo primordial aumentar el recaudo, sí hay mucho que ganar si se tramita. “El gran impacto se vería en el largo plazo. Sin ella, los ingresos seguirían creciendo, pero con todos los defectos que tiene el Estatuto”.

El presidente de Anif, Sergio Clavijo, estima que el país sí necesita aumentar los ingresos tributarios. “Si los precios del petróleo y el carbón continúan cayendo y el Gobierno no busca el camino para lograr la reforma tributaria, caerán los recaudos y se ampliará el déficit fiscal, especialmente si es verdad que el Gobierno está comprometido con una gran inversión para impulsar a fondo las obras de infraestructura”.

Tomado de: Portafolio.co