El cual modifica el contrato de pasantías, comprometiendo a pagar a las empresas el 75% del salario mínimo mensual a los practicantes (Smmlv), es decir $425.000, uno completo para los profesionales universitarios y a los aprendices del Sena el 50% del Smmlv.
También, las empresas estarán obligadas a pagar la seguridad social del practicante sobre la base de cotización de un Smmlv, el pago de la Administración de Riesgos Profesionales (ARP) y el aporte al Sistema de Beneficios Económicos Periódicos que equivale al 16% del calculado sobre el valor del contrato.
Así mismo, las compañías que tengan más de 10 empleados deberán contratar un 7% de su nomina en aprendices, también, las que tienen menos de ese número de trabajadores podrán contratar de forma voluntaria al igual que las entidades públicas.
Las empresas privadas, las asociaciones sin ánimo lucro, las agremiaciones, las empresas de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del estado podrán formar ‘Unidades Vocacionales de Aprendizaje (Uvae)’, es decir, agrupaciones de practicantes autorizadas por el Ministerio de Trabajo. Estas compañías podrán solicitar al gobierno el reembolso económico del costo de la formación.
Las instituciones que tienen autorización para los contratos son: el Sena, las instituciones de formación para el trabajo, las unidades vocacionales de aprendizaje en empresa y las instituciones de educación superior.
Sí en algún caso la empresa no cumple con la ley tendrá que pagar el equivalente a 3 salarios mínimos mensuales y si no cumple con la cuota de aprendices 1,5
Smmlv por cada practicante ($1,7 millones), sin embargo, no pagará sanción si el aprendiz se retira.
El representante Carlos Amaya aseguró a LR que ‘como ya se le esta pagando al estudiante, se le garantiza que se le asignan labores propias en el área el cual el estudiante se formo, lo cual genera beneficios tanto al estudiante como a la compañía’.
En años anteriores, el parlamentario Posada y el representante Amaya presentaron por separado propuestas que buscaban establecer el pago de las pasantías o prácticas empresariales a los estudiantes de educación superior pero fueron archivados por trámite, entonces, el Ministerio de Trabajo propuso juntar estas iniciativas en este nuevo proyecto que ya fue radicado.
Leyes de pasantes en Latinoamérica
Estas modalidades de leyes para los practicantes ya se encuentran funcionando en varios países de América Latina. A pesar de que en México no hay una regulación específica, de todas maneras, la ley federal contempla que se les tiene que prestar capacitación a los trabajadores, mediante un convenio que se registra en la Secretaría de Trabajo, con una duración hasta de cuatro años, que incluye multas por su incumplimiento. En Costa Rica, el aprendizaje tiene que ser con un contrato firmado, con un salario menor al mínimo, con parte teórica y práctica, con un horario de trabajo especifico. En Perú es un acuerdo de voluntades que no es mayor a 12 meses, salvo que la universidad lo solicite. En Uruguay es un contrato de aprendizaje simple, en el cual se obliga a la empresa a incorporar alguien no mayor de 29 años, este tiene un máximo de 24 meses. Brasil tiene un plan de adiestramiento, que dura dos años y tiene multas para quien no lo realice. En argentina el contrato de aprendizaje es teórico práctico, para los jóvenes sin empleo que están entre los diecisiete y los veintiocho años, este plan deberá contar con un programa descrito con precisión. Por último, en Chile es obligatorio y el número de aprendices no excede el 10% de la empresa.
Tomado de : Larepublica.com.co