Durante el trimestre octubre-diciembre de 2013, del total de ocupados 49,0% tenía un empleo informal, de los cuales 51,9% eran hombres y 48,1% mujeres.

Es decir, de la cantidad de empleados del país, casi la mitad no cuentan con las condiciones ideales: sin cotizar a salud, sin seguro de riesgos profesionales, sin cotizar a pensión, sin vacaciones, sin cesantías, sin caja de compensación, laboran más de las horas legalmente establecidas diariamente, por horas, por días, sin prima legal, sin caja de compensación, etc.

 Para disminuir el fenómeno, el gobierno generó toda una red de medidas como la Ley del Primer Empleo, la Reforma Tributaria, el decreto sobre teletrabajo, la formalización de las madres comunitarias y de los conductores de taxi, la ley 185 para trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo.
 

De igual forma hay iniciativas del Gobierno que tienen como objetivo formalizar y darle protección social a grupos de trabajadores en sectores como la agricultura, la minería, el transporte, la construcción e, inclusive, los tenderos.

Es decir, se trata de un tema que hace parte importante de la política pública, lo que obedece en gran medida a que dentro de los países de América Latina, Colombia aparece como uno de los países con mayor informalidad laboral.

En el país, según el Dane, de las 13 áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad en el último trimestre de 2013 fueron: Cúcuta (72,0%), Montería (62,9%) y Pasto (59,6%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Bogotá (43,6%), Manizales (45,2%), y Medellín (46,7%).

Por ramas de actividad, las ramas comercio, hoteles y restaurantes y transporte, almacenamiento y comunicaciones, presentan las mayores proporciones a la medición de informalidad por tamaño de empresa.

Respecto al tema, el viceministro de empleo, Juan Carlos Cortés, reconoce que todavía los empresarios perciben el proceso como una amenaza o como una posibilidad de reducción de márgenes.

Sin embargo, cree que si evalúan los esfuerzos que hacen todas las partes, los empresarios deben ser conscientes que ha habido reducciones importantes en los costos parafiscales (13,5%) y que no se trata de un beneficio solo para el trabajador sino para la empresa misma porque cubre riesgos y eventuales contingencias.

Además, el viceministro asegura que un trabajador con condiciones de seguridad social y esquema de formalización, es un trabajador con mayor productividad.

Por supuesto, el gobierno es consciente de que al empleador hay que generarle estructuras racionales de costos, al igual que una racionalización de procesos, pero advierte que también es importante estimular al trabajador porque en ocasiones éste no quiere perder coberturas de régimen subsidiado o simplemente prefiere tener mayor liquidez, en lugar de acogerse a un trabajo donde le descuentan prestaciones sociales.

En ese contexto, la meta del gobierno para este año es contar con una tasa nacional de 65,0% y de 51,0% para las principales áreas. En 2010, los niveles de estos indicadores correspondían a 68,5% y 55,6%, mientras que en 2013 las tasas cerraron en 64,4% y 52,2%, cifras con las que el gobierno argumenta que la gestión va por buen camino.

 Tomado de: https://www.dinero.com/actualidad/nacion/articulo/informalidad-laboral-no-baja/192753