Para los asalariados que pierdan su empleo, el Gobierno ha propuesto un seguro (aprobado ya en primer debate por la Comisión Séptima del Senado) para cubrir, en máximo 6 meses, un porcentaje del salario anterior.

Se financiaría, de un lado, con el aporte mensual de la mitad de las cesantías que se acumularía con sus rendimientos en cuentas individuales y, de otro, con hasta un punto de los 4 que perciben las Cajas de Compensación por parafiscales que iría a un fondo de solidaridad, que cubriría los meses faltantes no financiados por las cuentas individuales.

Solo los que hayan cotizado a estas últimas al menos 12 meses tendrían derecho al seguro.

En principio, las razones que, para su creación, expresa el Ministro de Trabajo en la exposición de motivos del proyecto de ley son plenamente justificadas.

Sin embargo, la informalidad del empleo y la evasión al derecho de las cesantías, limitarán su cobertura que podría terminar favoreciendo principalmente a los más ricos:

* Excluye a trabajadores no asalariados, obreros y empleados que no perciben cesantías (35, 3% de los asalariados), y la masa permanente de asalariados con cesantías que, en el momento de quedar desempleados lleven menos de un año en la empresa y que no logren cotizar al menos 12 meses en sus cuentas individuales.

* Cubriría potencialmente el 18,4% de los ocupados y dejaría por fuera el 81,6%.

* Su cobertura frente a la población ocupada de cada uno de los 5 quintiles del ingreso per cápita de los hogares sería, respectivamente, del 0,4% (20% más pobre); 5,2%; 12,3%, 23,1% y 35,3% (20% más rico). De hecho, de los trabajadores que serían asegurados solo el 5,0% pertenecería al 40% más pobre y, en cambio, el 52,4% pertenecería al 20% más rico.

Las cuentas que se pueden hacer con las encuestas de hogares, sugieren que cada año casi 3 millones de asalariados (el 41% del total de 15-64 años) dejan su empleo; de ellos casi la mitad salta directamente a un nuevo trabajo y la otra lo hace vía un desempleo, cuya duración media es de 11,2 meses .

De los asalariados que gozan de cesantías 1,4 millones pierden al año su empleo; 690.000 saltan de puesto a puesto y 744.000 pasan por desempleo; de ellos unos 500.000 (apenas 29.000 pertenecientes al 40% más pobre de los hogares) han durado un año o más en la empresa y, por tanto, serian elegibles para el seguro propuesto.

Suponiendo que no cambien hacia el futuro ni el volumen ni la distribución, por edades y años de antigüedad en la empresa, de la población asalariada que percibe cesantías, ni sus tasas de desenganche, ni su periodo de desempleo, ni sus salarios reales, los datos de la encuesta nacional de hogares permiten hacer estimaciones sobre los costos anuales que, para las Cajas o el fisco tendría ese seguro.

Asumamos una tasa media de reemplazo del 75% (porcentaje del salario que se reconocerá para los meses de desempleo).

Al año de la vigencia del sistema (cuando el acumulado en las cuentas individuales de todos los trabajadores no sería sino ½ medio mes de salarios), los subsidios a conceder, podrían ser del 1,7% de la nómina afiliada a las Cajas (cerca de 1,3 billones).

Después de los 10 años de vigencia, cuando los trabajadores más antiguos hayan acumulado ahorros en sus cuentas, esa cifra caería por debajo del 0,6%.

De tal manera, más que el costo del subsidio el verdadero problema es su distribución y baja cobertura para los más pobres. Con una tasa de reemplazo uniforme del 75% y un límite máximo de 2 salarios mínimos, la parte del mismo que iría al 20% más rico oscilaría entre el 57% (primer año de vigencia) y el 53% (desde el décimo año).

Es cierto que se puede evitar la distribución regresiva de los subsidios limitando aún más, para los altos salarios, el número de meses y/o la tasa de reemplazo reconocida.

El costo del subsidio bajaría más, pero eso no cambiaría el problema básico, su baja cobertura en los 2 quintiles más pobres: cerca de 183.000 asalariados cubiertos; y 29.000 cesantes anuales atendidos.

El Gobierno debería presentar ante el Congreso sus propios cálculos. Si confirmaran las estimaciones anteriores, bien podría considerar otras posibilidades.

*Había en el 2011, 527.000 asalariados (el 6,9% del total) no afiliados a ningún sistema de salud y 1’325.000 más (el 17,3%) afiliados al régimen subsidiado; sus patronos (sobre todo microempresarios) evadían la obligación de cotizar.

Paralelamente el 28,8% de los cesantes asalariados no estaba afiliado a un seguro de salud; la mayor parte de los afiliados (el 40,8% del total) lo estaba al sistema subsidiado, y apenas el 30,3% cotizaba a salud contributiva o especial.

* La evasión a la cotización en pensiones afectaba en 2011 al 35% de los obreros y empleados asalariados.

En las microempresas de hasta 10 trabajadores era del 77,2%, pero las de 11 a 50 trabajadores seguían evadiendo esta obligación en el 30,7%. En cuanto a los cesantes asalariados, sólo el 2.8% cotizaba para pensiones.

Se podría establecer la obligación legal para todas las empresas de adquirir un seguro colectivo que, en caso de desempleo, cubriera las cotizaciones a salud y pensiones hasta por 6 meses.

Cobijaría a todos los asalariados (38,3% del empleo nacional, en vez del 18,4% con el plan del Gobierno). Protegería a los cesantes asalariados hoy desamparados en salud (28,8%) y aliviaría las cargas del sistema subsidiado al que muchos de ellos están ‘colgados’, además, contribuiría a elevar la densidad de semanas cotizadas, aumentando la población que se puede pensionar.

* Al Gobierno y las empresas de 11 trabajadores o más, el seguro no les valdría más del 2% sobre su nómina anual (0,9% salud y 1,1% pensión), que podría financiarse con 23,2% (en vez del 50%) de las cesantías anuales.

* Las microempresas de hasta 10 trabajadores serían más renuentes a acatar esa ley. Mientras la cumplen, ese seguro lo cubrirían las Cajas a partir de la inscripción del cesante en el Sena. Se calcularía sobre un salario mínimo y se financiaría con 0,75 puntos de los 4 del parafiscal (0,33 puntos en salud y 0,42 en pensiones).

Tomado de: Portafolio.co