Si el 86 por ciento de las cesantías fueron retiradas el año pasado un mes después de consignadas, es entendible que apenas algo más del 8 por ciento de los trabajadores piensen recurrir a ellas para sostenerse si pierden el empleo.
Casi la mitad de los trabajadores que queden cesantes se respaldarían económicamente en sus familias para enfrentar un tiempo de desocupación laboral, según el docente e investigador Jaime Tenjo.
Utilizar la mitad de las cesantías para construir un colchón de ahorro que permita sortear un periodo de desocupación, es el punto más controvertido de la propuesta del Gobierno de protección a los asalariados que pierden su trabajo, señaló ayer el ministro del Trabajo, Rafael Pardo.
El funcionario y Tenjo, asesor del Gobierno en este tema, intervinieron ayer en el Foro sobre Política Laboral y Seguro de Desempleo, organizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de la que el docente es director del departamento de Economía.
El estudio realizado por Tenjo, con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane del tercer trimestre del 2010, le permite afirmar que los trabajadores tienden a subestimar el riesgo de quedar desempleados.
El 17,7 por ciento de los trabajadores consultados respondió que no tendría recursos para financiar el desempleo y 1,2 por ciento que vendería la vivienda u otros bienes del hogar, o los empeñaría.
Entre los motivos por los cuales los trabajadores no ahorran para cubrir la pérdida del empleo, el investigador señaló que la naturaleza humana tiende a subestimar la verdadera magnitud de los riesgos, como la desocupación, que en muchas ocasiones es devastadora para el núcleo familiar.
Igual o más importante que el anterior es que los bajos ingresos de los trabajadores limitan la capacidad de ahorro para protegerse durante un periodo de cesantía.
Según la investigación mencionada, apenas 9,3 por ciento de quienes pierdan el empleo acudirían a ahorros personales para atravesar una ‘sequía’ laboral.
La propuesta de protección a los cesantes, manifestó Pardo, también busca brindarles entrenamiento y capacitación que les permita engancharse de nuevo rápidamente, complementado con un Servicio Público de Empleo (SPE), que podría estar montado el año entrante, para cruzar la oferta y demanda de empleo nacional y asesorarlos en la búsqueda de un puesto de trabajo.
El Gobierno, agregó el Ministro, está promoviendo un amplio debate sobre esa iniciativa, aprobada en primer debate en el Congreso, y enfatizó que en cualquier circunstancia las cesantías siempre serán de los trabajadores y que la mitad que no se consigne en cuentas individuales para construir el ahorro la podrán seguir utilizando en la compra de vivienda y en educación.
Si ese colchón no alcanza para seis meses de financiación del desempleo será complementado con recursos de un fondo solidario, cuya creación está prevista en el proyecto de ley.
Dicho fondo se nutriría inicialmente con 230.000 millones de pesos que administran las cajas de compensación para subsidiar desempleo.
Pardo dijo que en otros países, el Estado aporta cuando, por ejemplo, la desocupación llega a cierto nivel o cuando el PIB retrocede por dos trimestres consecutivos.
En Colombia, agregó, todo esto es motivo discusión. Según Álvaro Reyes, investigador de la firma Econometría y que hace varios años hizo un estudio sobre el seguro de desempleo, en el mundo hay más de 70 sistemas de protección al desempleo, de los cuales las dos terceras partes operan en países desarrollados. En América Latina hay seis (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador y Venezuela).
Tomado de: Portafolio.co
