Así quedó demostrado ayer, luego de que el Ministerio de Hacienda radicara en el Congreso un proyecto de ley que modifica el Presupuesto General de la Nación para el 2013, con el fin de asumir obligaciones que han surgido en los últimos meses.

Y es que en las modificaciones propuestas se incorporan recursos por 3,5 billones de pesos, reducciones por 146.000 millones y traslados por 2,6 billones, para un valor neto de 3,4 billones de pesos que cambian de destinación.

En total, frente a un programa original de erogaciones por 185 billones, ahora la idea es llegar a casi 190 billones de pesos, suma que no tiene precedentes en la historia.

Tampoco hay antecedentes sobre una variación de semejante magnitud.

Si bien no es la primera vez que el Legislativo tiene que debatir reformas al presupuesto, la verdad es que en épocas recientes se había logrado cierta disciplina a la hora de cumplir con los gastos establecidos inicialmente.

En respuesta, el Ejecutivo afirma que hay elementos nuevos en el panorama.

Ese es el caso de la entrada en vigencia del impuesto sobre la renta para la equidad, más conocido como el Cree, que nació con la reforma tributaria del 2012.

El cambio en las fuentes de financiación obliga a inyectarle al sector salud cerca de 2,6 billones de pesos, que equivalen en su mayoría a un traslado, aunque una parte de ese monto constituye un incremento neto.

No ocurre lo mismo con otros rubros, dentro de los que se destacan los 565.000 millones de pesos que se le van a entregar a la Federación Nacional de Cafeteros con el fin de efectuar el oneroso pago del subsidio acordado tras el paro del pasado marzo.

Si se le agregan a dicha suma los fondos entregados hasta la fecha, el total para el sector ascendería a 800.000 millones de pesos, que pueden resultar insuficientes en caso de que los niveles de producción del grano vistos en abril –cuando la cosecha tuvo un salto del 85 por ciento– se mantengan en los próximos meses.

También se plantean 219.000 millones de pesos para las universidades e instituciones de educación superior, que han venido reclamando desde hace tiempo una mayor tajada de la inversión pública.

Sin embargo, el capítulo que más llama la atención tiene que ver con el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe), con el cual se pretende apoyar la economía.

En tal sentido, la propuesta consiste en inyectarle 455.000 millones de pesos a la infraestructura vial, tanto a través de obras de mantenimiento de los corredores principales como de carreteras subnacionales.

Igualmente, hay 85.000 millones para el programa de chatarrización del parque automotor, 100.000 millones con destino a créditos para la industria, otro tanto para el sistema penitenciario, 55.000 millones dirigidos a la generación de empleo y 46.000 millones de pesos con el fin de incorporar 2.500 nuevos efectivos en la Policía Nacional.

Parte de esos recursos adicionales –926.000 millones de pesos– saldrán de un menor servicio de la deuda, mientras que habrá incorporaciones de rentas, como las correspondientes al Cree.

En total, la administración sostiene que el impacto fiscal será neutro, aunque las cuentas del Gobierno central probablemente se vean peor, debido a la reclasificación que exige la reforma tributaria.

Dadas las promesas de más erogaciones en plena época preelectoral, es seguro que el Congreso le dará su bendición a las modificaciones propuestas.

Pero no deja de ser motivo de inquietud que la tendencia a gastar más persista, justo cuando la Dian reporta que los recaudos tributarios están por debajo de lo programado. Eso para no hablar de que el ejercicio de hacer el presupuesto queda parcialmente desvirtuado por un Gobierno que debería atenerse más a sus compromisos originales y no a los que adopta a medida que pasa el calendario.

 Tomado de:portafolio.co