La constante lucha de los congresistas y magistrados por no permitir que se les reduzca su mesada pensional cuando supera los 25 SMMLV (15’400.000 pesos), evidencia su interés en privilegiar lo propio por encima de lo que merecen todos los demás y, por ende, demuestra su poca intención de pensar en el futuro de las próximas generaciones, al menos desde la perspectiva pensional.

El Consejo de Estado suspendió recientemente el recorte a las mesadas pensionales, lo cual significa que los magistrados y congresistas, seguirán recibiendo mesadas superiores a los 19’000.000 de pesos. A esto se le suma que mientras a los pensionados en Colpensiones se les aumentó este año su mesada en 1,94 por ciento, a los magistrados y congresistas les fueran incrementadas en un 4 por ciento, es decir, más del doble del IPC.

Veamos a continuación una serie de elementos alrededor de esta desmesurada e inadmisible problemática, los cuales nos permitirán dimensionar mejor el asunto.


1. No hay un modelo matemático ni actuarial que resista un desequilibro de tal magnitud.

Haciendo un cálculo relativamente sencillo, se puede estimar en 5.200 millones de pesos el costo de una mesada por congresista durante toda su vida, mientras que una mesada de un salario mínimo cuesta 900 millones de pesos. Es decir, con el dinero que se paga a un congresista, se podría financiar el pago de seis colombianos en Colpensiones.


2. Con la esperanza de vida en aumento, habrá que pagar por más tiempo estas jubilaciones desproporcionadas. Según el Banco Mundial, una persona en Colombia vive en promedio 74 años, con tendencia a aumentar, como está sucediendo en todo el hemisferio. Lo anterior significa que tendremos congresistas pensionados desde los 55 años pagándoles mesadas en promedio por 20 años o incluso más tiempo.


3. A un colombiano, para calcular su mesada, se le toman un promedio de los 10 años cotizados previos al momento de pensión, mientras que los congresistas tienen una condición exageradamente generosa, como lo expresó La Corte Constitucional en la Sentencia T-390 del 2009, en la que ordena al Seguro Social (hoy Colpensiones) incluir en el promedio para liquidar la pensión lo siguiente: “los gastos de representación, la prima de localización y vivienda, prima de transporte, prima de salud, prima de Navidad y toda otra asignación de la que gozaren”, teniendo en cuenta que “en ningún caso ni en ningún tiempo podrá ser inferior al 75 por ciento del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio”.


4. El rubro de pensiones en el Presupuesto General de la Nación creció 19 por ciento, pasando de 25,3 billones a 31,2 billones para la vigencia del 2014. De esos 31,2 billones, el 64 por ciento corresponde al pago de pensiones que no son de jubilados a cargo de Colpensiones, es decir, en esa suma está el pago de congresistas y magistrados.


5. Y si a esa exageración del sistema pensional le sumamos la deuda que tendrán las entidades territoriales y municipales con otros regímenes especiales, las cuales se estiman en 85 billones de pesos, el panorama no es muy prometedor y requiere, sin duda, atención de El Estado.

El problema de esta inequidad, desafortunadamente, se traduce en varias consecuencias nocivas para los colombianos: a) concentración de los subsidios del Estado en menos del 01 por ciento de la población; b) quienes tienen mayor nivel de ingresos reciben las mayores ayudas pensionales públicas; c) mayor presión del pasivo pensional sobre el Producto Interno Bruto; d) menores posibilidades de destinar recursos del Estado en educación básica y superior, con lo cual podamos desarrollar ventajas competitivas sostenibles para el futuro de Colombia.

Es pertinente mencionar que las reformas pensionales han tratado de reducir este tipo de regímenes especiales, evidentemente no se ha logrado totalmente. Nuestra gran meta como país en materia pensional, deberá ser tener un sistema de pensiones más equitativo, más justo y con mayor cobertura para todos los demás colombianos y, en especial, para aquellos de menores ingresos. Debemos recordar que solo el 30 por ciento de los colombianos accede a una pensión.

La no muy buena noticia para toda la población es que esos modelos exagerados de prestaciones pensionales nos cuestan a todos y los pagamos vía impuestos. Si los congresistas y magistrados pensaran, realmente, en el interés general por encima del particular y tuvieran un acto de responsabilidad con el futuro de las próximas generaciones, renunciarían a estos excesivos privilegios. Esa es la gentil y respetuosa invitación hacia ellos.


Marcelo Duque Ospina
Director de Cómo me Pensiono – Investigador pensional
 

Tomado de: https://www.portafolio.co/opinion/inequidad-pensional