En 2008, Nelly Andrade de Pradilla, en representación de los habitantes de la vereda Mensulí, agrupados por la defensa de sus derechos en la corporación Cormensulí, denunció ante el Concejo Municipal de Piedecuesta lo que para ellos era “una injusticia camuflada con el ropaje de los vericuetos jurídicos”: el cobro del impuesto de valorización para la realización de obras civiles sobre el tramo de la autopista comprendido entre ‘Papi quiero piña’ y la estación de servicio El Molino, del municipio ‘garrotero’.
Esta misma intervención, respaldada por 321 familias de las veredas Mensulí, La Mata, La Mata Baja y Guatiguará, tuvo como escenario la Asamblea Departamental de Santander y por escrito fue presentada a la Alcaldía de Piedecuesta, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Transporte y la Presidencia de la República, en cabeza del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez.
¿Qué pedía con tanta insistencia esta comunidad? Revisar y revocar la Resolución 381 del 20 de octubre de 2008, expedida por el Área Metropolitana de Bucaramanga, que fijaba el cobro de valorización para la compra de los predios y la construcción de terceros carriles en el sector. La comunidad alegaba que dicho acto administrativo no incluía a todos los predios del área metropolitana que se beneficiarían con la ampliación de esta vía y que están ubicados en otros municipios como Bucaramanga, Floridablanca y Girón.
Además, el cobro de dicho impuesto presentaba diferencias, en la medida en que predios ubicados sobre la autopista con terrenos planos y con vías en buen estado, tenían menor valor que los predios ubicados a mayor distancia y en terrenos con pendiente.
Sumado a esto, las obras por realizarse no contemplaban la construcción de redes de agua potable, alcantarillado y gas natural, servicios públicos de los cuales carece el sector y que deben ser provistos por la comunidad misma.
“No tuvimos socialización del proyecto de ampliación de la vía. Cuando nos dimos cuenta llegaron los recibos de cobro. Al realizar la reunión de vecinos, nos encontramos con predios que tenían cinco recibos de cobro y algunos no aparecían en la resolución”, recuerda Nelly Andrade.
Segundo Mesa Correa, otro de los afectados, asegura que pidieron un cupo en la Junta de Propietarios – creada como mecanismo de participación ciudadana para que esta tome parte en las decisiones que le afectan– y les dijeron que no contaban con ese espacio, pues el sector ya tenía representantes y éstos había aprobado el cobro del impuesto.
“Cuando analizamos lo ocurrido, encontramos que eran propietarios que se beneficiaban con la venta de los terrenos al Área Metropolitana de Bucaramanga”, añade el residente.
Un argumento más fue expuesto por esta comunidad. “Hace 15 años nosotros pagamos valorización para la ampliación de la vía, que fue cuando pasó de uno a dos carriles”, recuerda Andrade.
La preocupación siguió creciendo. Sin embargo, la comunidad buscó más mecanismos para defender sus derechos. Fue entonces cuando Cormensulí le pidió a la entonces directora del Área Metropolitana de Bucaramanga, Alfa Gélvez, que mostrara el estudio socioeconómico que debieron adelantar para estipular el valor por cobrar.
“¿Cuántos pensionados hay en la zona? ¿Cuántas familias campesinas viven de la tierra? ¿Cuántas tienen transporte propio y cuántas se movilizan en bus? ¿Quiénes devengan salarios altos y quiénes bajos? No nos respondió”, recuerda la representante de la comunidad.
Más promesas
En medio de los trámites, de derechos de petición sin respuesta concreta o incluso sin ser resueltos, se interpuesto una demanda ante el Tribunal Administrativo de Santander, en la que se solicitó la suspensión de los efectos jurídicos de la Resolución 381 del 20 de octubre de 2008, que en su momento fue concedida. Ante la inminencia de las obras de Metrolínea, la comunidad pidió conocer cuál era la oferta del ente gestor frente a sus necesidades.
Entonces, los propietarios acudieron a una reunión en Piedecuesta y expusieron su situación al entonces ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego. “Vino y nos prometió la realización de las obras que nos hacían falta, especialmente en el sector de Mensulí o Platacero, y otras para Piedecuesta. Pero como esto no quedó por escrito, se lo llevó el viento. Ahora, ¿quién nos responde por las obras del sistema que faltan?”, asegura Nelly Andrade.
“Los únicos que pagamos valorización en todo el proyecto de Metrolínea, que viene desde el norte de Bucaramanga, que pasa por Floridablanca y llega hasta Girón, fuimos nosotros, bajo la promesa de que hacían andenes, ciclovías, estaciones y puentes. Esta es la hora, cuatro años después, y no hay nada. La comunidad está expuesta, ocurren accidentes los fines de semana, no hay por dónde transitar a pie”, expresa Segundo Mesa.
‘La gota que rebozó la copa’
En medio de las ‘peripecias burocráticas’, la comunidad decidió interponer un recurso de reposición para que el Área Metropolitana de Bucaramanga modificara la Resolución 381.
Dicha entidad respondió que el impuesto de valorización fijado para la realización de las obras en este sector no formaba parte de Metrolínea, sino que obedecía a la ampliación de una vía nacional, que hace parte del proyecto de construcción y rehabilitación Zipaquirá – Bucaramanga, el cual fue otorgado a la concesión vial Los Comuneros.
Coincidencialmente, esta misma concesión fue la encargada de adelantar las obras de adecuación en la vía para el sistema integrado de transporte masivo desde ‘Papi quiero piña’ hasta Piedecuesta.
Esto lo expresó Luz Mélida Gamboa, ingeniera de concesión vial Los Comuneros, en un debate adelantado en la Asamblea Departamental, en noviembre de 2008, y que reposa en la documentación recopilada por Cormensulí para su defensa.
Según este informe, Gamboa aseguró que los carriles adicionales se hacían necesarios “únicamente porque Metrolínea lo requiere”, adicionando que en esa concesión nacional (convenio entre Inco y el Área Metropolitana de Bucaramanga) no se estipuló ni se sugirió siquiera que los predios se compraran a través de valorización.
Ante este panorama, la vía ya ampliada y la flota verde de Metrolínea circulando a medias por el sector, ¿quién le dará solución a esta comunidad? ¿Es entonces responsabilidad del Área Metropolitana o del Inco o de qué entidad el atropello a unos pocos?
La comunidad afectada asegura que “no se opone al desarrollo vial”, que simplemente pide un trato equitativo y justo, más allá de las acciones jurídicas, que en medio de artículos e incisos, desconoce cada vez más su realidad.
Nelly Andrade de Pradilla y Segundo Mesa recuerdan que en una oportunidad pidieron explicación a Alfa Gélvez del Área Metropolitana de Bucaramanga, frente al Defensor del Pueblo, Dilmar Ortiz, sobre cuáles habían sido las gestiones adelantadas para conseguir recursos distintos a la valorización, y ésta se quedó en “silencio absoluto”.
“Lo más sencillo fue coger a la gente y meterle la mano al bolsillo. Al parecer, la funcionaria solo conoció a ciertas personas con dinero y por ellos nos evaluaron a todos”, concluye Andrade.
¿Cómo va el proceso?
En la actualidad se encuentra en trámite un proceso ante el Tribunal Administrativo de Santander, en el cual se demandó la Resolución 381 del 20 de octubre de 2008, solicitando como “medida preventiva” la suspensión de los efectos jurídicos del acto administrativo.
Dicha suspensión fue negada por el Tribunal. A pesar de que fue apelada por la comunidad ante el Consejo de Estado, éste ratificó la decisión del Tribunal Administrativo.
¿Qué dice el Área Metropolitana?
Consuelo Ordóñez de Rincón, directora del Área Metropolitana de Bucaramanga, asegura que la comunidad debe cancelar el impuesto de valorización aprobado en la pasada administración, porque así lo contempla la ley. Añade que muchos propietarios han acudido a conciliar y se les ha hecho una rebaja del 95% en los intereses de mora, estipulado en un acuerdo metropolitano.
“Debido al cambio de actitud por parte del Área Metropolitana de Bucaramanga, la comunidad ha podido acercarse y estipular acuerdos; incluso, algunos me han manifestado que están interesados en una nueva valorización para el mejoramiento de las vías internas del sector”, aseguró Ordóñez.
Tomado de: Vanguardia.com
