Hoy hace dos años el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, habló de la existencia de 107 cargos públicos por contrato de prestación de servicios, por cada cien de la planta oficial de las entidades territoriales, lo que alertó sobre la necesidad de trabajar en la formalización del empleo en el Estado. Tarea que, al parecer, ha sido difícil cumplir.

En la misma búsqueda, se aprovechó la ley del Plan de Desarrollo para reactivar por dos años una norma que tenía congelada la nómina pública, de manera que se pudieran reestructurar las entidades del Estado, con miras principalmente a formalizar empleo.

Sin embargo, a la fecha los resultados son escasos. En estos últimos cuatro años se reorganizó la estructura administrativa, de tal manera que la administración pública quedó en total con 209 entidades.

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se crearon 22 entidades, pero en términos de empleo las cifras se mantienen. Estima que la política de formalización del empleo ha reducido alrededor de 11.704 contratos de prestación de servicios.

Según la directora del DAFP, Elizabeth Rodríguez, “se han creado 4.702 cargos, principalmente representados en una planta temporal en la Dian de 2.618 cargos para formalizar a igual número de supernumerarios de esa entidad”.

Tales cifras indican que el crecimiento del empleo público no se ve. La nómina de empleados hoy es de 1’163.000 empleados, según el DAFP. La cifra se mantiene estable desde hace varios años y en ella se incluye todo el personal que requiere el Estado para operar, a excepción de los contratos para proyectos especiales, como el del Censo Agropecuario.

El 36,8 por ciento (429.082) de la planta oficial son militares, y el mayor pedazo de la torta es de los maestros (500.160 personas, 42,9 por ciento). El restante 20,3 por ciento (233.758) son esos otros servidores públicos entre los que se incluyen desde ministros y todo su aparataje de asesores y asistentes, hasta alcaldes y gobernadores, con su personal operativo, técnico y profesional.

De acuerdo con la directora del DAFP, “la estructura de la administración pública es compleja. El 90 por ciento de los empleados son de carrera, o sea inamovibles. El 10 por ciento restante rota entre una entidad y otra. Los cupos, que son los cargos de las entidades, son estables. Entonces, lo que se hace es jugar con la planta establecida”.

La funcionaria agrega que “la intención del Gobierno es formalizar para que no haya tanto contrato de prestación de servicios, figura que, sin embargo, es legal, pues si se necesitan 100 personas expertas en salud para un proyecto en ese tema, no las puedo vincular porque después no tendría nada que ponerlas a hacer. Probablemente mañana necesite otras 100 que sepan de regalías”.

Explica que formalizar el empleo público es vincular a aquel empleado que fue contratado por prestación de servicios, pero que hace una labor misional o permanente de la entidad.

Consciente de que el Estado no puede crecer en gastos, es partidaria de una figura existente en la ley de contratación, que es la de las plantas temporales. “Traemos personas atadas a un proyecto específico, a las que se les da el mismo derecho que a un empleado permanente, y luego se liquidan con todas las prestaciones de ley. El tema es de costo y eficiencia”, plantea.

Lo cierto es que, pese a la estrechez de la nómina pública en número de empleos, en plata es bastante generosa. Según el Presupuesto General del 2014, los gastos de personal ascenderán a 22,3 billones de pesos, la mitad del total de la inversión prevista.


Martha Morales Manchego
Economía y negocios

Tomado de: https://www.portafolio.co/economia/estado-formalizacion-empleo-publico