Para las personas con limitaciones físicas y cognitivas el campo laboral es excluyente en Colombia. Según el censo del Dane (2005), cerca del 6,33 por ciento de la población colombiana vive con alguna discapacidad. La ley 361 de 1997, que pretende integrar y proteger a esta población, es un dolor de cabeza para los empresarios.
Angélica Delgado, quien quedó invidente nueve meses después de nacer, se graduó como administradora de empresas y pasó siete años desempleada hasta que en 2011 llegó a Eccos, corporación para la inclusión social de personas con discapacidad. Explica que la inestabilidad laboral se debe a que “desafortunadamente los empresarios no confían en nuestras capacidades, que son excepcionales.”
Maritza Silva, directora ejecutiva de Eccos, dice que la desconfianza es el resultado de la ley pues es “una protección forzada a la población con discapacidad”. Sobre todo, no permitía despedir a esos empleados, lo que no favorecía su contratación. Para corregir ese efecto, el Decreto 019 del 2012 permite hacerlo siempre y cuando sea con causa justa.
Pero además existen otras barreras que les impiden tener un trabajo estable. La principal desventaja es el bajo nivel educativo, pues el 17 por ciento de las personas con discapacidad en edad productiva son analfabetas, es decir, 3,3 veces más que la población sin discapacidad.
Por eso tienen mayores probabilidades de ser desempleados. Para Leonardo Vega, director de mercadeo de Centrodiesel, incluir a estas personas en las empresas es una ventaja “por la capacidad de compromiso, pasión, concentración, productividad y gusto con que se desempeñan.”
Pero el desconocimiento impide a los empresarios ser incluyentes y darles oportunidad. Por eso sólo el 15,5 por ciento de los discapacitados tienen un empleo y el 2,5 reciben una remuneración adecuada.
En Colombia los principales trabajos para esta población están en los call center, los supermercados y los centros comerciales. Estas plazas son ocupadas por personas con limitaciones físicas y en muy pocos casos, con discapacidad cognitiva, pues los temores con esta son aún mayores.
Sin embargo, los pocos casos de integración han sido exitosos. Para Carolina Cueva, encargada de políticas públicas de la Fundación Saldarriaga y Concha “el caso de Alkosto ha mostrado que la inclusión de personas con discapacidad cognitiva es viable, lo que abre las puertas para la población.”
Otras razones que impiden a la población discapacitada acceder a un trabajo digno son las dificultades con los espacios arquitectónicos, las herramientas tecnológicas y la actitud de las personas que las rodean.
El reto de construir un campo laboral incluyente para la población con discapacidad debe ser asumido por las empresas y por el grupo mismo. Asumir una nueva cultura donde se rompan los paradigmas, se conozca la legislación y se desarrollen mecanismos de formación permitirá avanzar en pro de una población que lo necesita.
“La sociedad rechaza la discapacidad”
De la población discapacitada en edad productiva, sólo el 6,1 por ciento estudia y el 22,9 por ciento trabaja. Angélica Delgado dice que “la sociedad rechaza la discapacidad. Primero porque se cree que causamos más problemas, necesitamos más permisos y no nos adaptamos al trabajo.
Es importante saber que somos personas normales y que podemos desempeñar cualquier labor, incluso con más exigencia y más grado de dificultad que las personas sin discapacidad”.
Tomado de. semana.com
