La afirmación la hizo Otálora al anunciar que denunció penalmente al Jefe de Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Bogotá, a raíz de la muerte del ciudadano José Ángel Chiquiza, de 58 años, que falleció el martes cuando esperaba atención médica en la EPS Unicajas-Comfacundi, en la capital.

Otálora explicó que la Defensoría hizo inspecciones judiciales con mucha anterioridad a que ocurriera el deceso de este ciudadano. “Esto se dispuso el 5 de octubre y el sufrimiento y el vejamen a que fue sometido el ciudadano Chiquiza fue el 16 de octubre”, dijo.
 

“El 5 de octubre se levantó un acta y fuimos atendidos por los funcionarios de la Secretaría, y garantizaron que ese directorio ya reposaba en las demás EPS, y que son más o menos 1.500 usuarios de alto costo que ya están asignados y a quienes se les garantizará la continuidad de los tratamientos, se dijo por parte de esos funcionarios”, agregó el Defensor.
 

También explicó que el delito por el que denunció al funcionario del Distrito es homicidio culposo, pero aclaró que las entidades que adelanten las investigaciones son las que finalmente van a adecuar el comportamiento de cada uno de los implicados.
 

“Esto se va a irradiar a todo el país. Cada que se intervenga por parte del Estado una EPS o se retire voluntariamente, el secretario de salud, por ley, tiene que asumir automáticamente con esas personas a dónde las va a afiliar y cómo les va a garantizar la prestación, de entrada a los afiliados, pero con mayor razón a aquellos que están recibiendo tratamientos que no pueden ser interrumpidos. ¿Cómo se les va a garantizar la vida a esas personas?”, agregó Otálora.
 

Sostuvo que para eso, la Defensoría puede hacer indagaciones y pedir información, y si considera conveniente, denunciará penalmente.
 

“Con la muerte de este ciudadano se está demostrando fehacientemente que no se está prestando ninguna continuidad a ningún servicio porque, como se sabe públicamente, él estuvo insistiendo varios días parta que se le prestara su servicio de diálisis”, recordó el Defensor del Pueblo.
 

“Lo que se avecina es que la mayoría de EPS están intervenidas o se están retirando voluntariamente. Entonces, va a quedar un gran número de bogotanos sin la cobertura, y es el momento de tomar decisiones de esta naturaleza para que no continúen presentándose los hechos como el de ayer”, concluyó.

Tomado de: eluniversal.com.co