¿Qué es formalidad? Es una pregunta que se puede responder desde lo empresarial, laboral e, incluso, desde lo tributario, con alcances totalmente diversos entre las diferentes concepciones.

Independiente de lo que se pueda definir como formalidad en otros campos, en lo laboral, la formalidad significa que los trabajadores tengan mecanismos de cobertura frente a riesgos (salud, pensiones, profesionales) o apoyo para cubrir algunas de las principales carencias sociales (asignaciones familiares, vivienda, educación, recreación, cultura, entre otras).

Es decir, que tengan acceso a la protección social.

Sin embargo, a todo beneficio le corresponde también una responsabilidad.

En Colombia, los aportes para la financiación del Sistema de Protección Social de los empleados son responsabilidad tanto del empleador como del trabajador, en lo referente a salud y pensiones, y del empleador, en lo particular a riesgos profesionales, asignaciones familiares, vivienda, educación y cultura, entre otros.

El papel del aporte de cada actor está en relación con la naturaleza del riesgo cubierto, en el caso particular de las asignaciones familiares, vivienda, educación, recreación y cultura; que hacen parte de la labor del Sistema del Subsidio Familiar, los empleadores aportan en tanto y en cuanto la actividad productiva significa para el trabajador restar parte del tiempo que dedica a su familia, especialmente a las personas que dependen de él y la contribución al alivio de las cargas familiares, sin vulnerar los principios remuneratorios de la relación laboral.

La definición que le dio el Artículo 1 de la Ley 21 de 1982 fue un avance importante en este sentido, en cuanto definió, desde ese entonces, el Subsidio Familiar como una prestación social pagadera a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, que tienen como objetivo fundamental el alivio de las cargas económicas que representan el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad.

En las últimas décadas, en Colombia ha sido constante el debate sobre los costos no laborales, de los cuales hace parte el aporte empresarial al Sistema de Subsidio Familiar, mientras que quienes abogan por su desmonte señalan que abaratar el costo de la mano de obra permitirá contratar mayor cantidad de trabajadores formales, suponiendo la sustitución de otros insumos de la producción por mano de obra.

Además, dichas reflexiones en lo atinente a este Sistema han carecido de una mirada integral que comprenda elementos relacionados con la población cubierta, los derechos atendidos, las prestaciones que se reconocen, el esquema de financiación, la administración de los recursos y la estructura organizacional.

En el caso particular del Sistema del Subsidio Familiar, al nacer el aporte de nómina de la relación laboral, y por proveer las prestaciones sociales señaladas respecto a los afiliados,la cotización es una porción del sueldo, un salario social, que se canaliza a través de un marco institucional para cubrir los riesgos sociales de los trabajadores y sus familias, y apoyar la superación las principales carencias sociales de esta población.

Esto hace parte del pacto social sobre el cual se ha construido el Estado Social de Derecho, la ciudadanía social y es una de las formas como se expresa la democracia.

En tal contexto, el Sistema del Subsidio Familiar surge como un mecanismo de Responsabilidad Social Empresarial que en el tiempo, por ese origen, se convirtió en una prestación social de carácter legal.

Sustituir su financiación por recursos fiscales de origen público significaría desaparecer el fin originario, como instrumento de responsabilidad directa de los empleadores con el bienestar y la calidad de vida de sus trabajadores y sus familias.

Este sistema ha sido un factor insustituible de equidad e inclusión social, pared de contención a la pobreza del sector formal de la economía, impulsor de la productividad empresarial y dinamizador de la seguridad social.

No se olvide que el Subsidio Familiar ha fomentado desde muchos años atrás la consolidación de condiciones de trabajo decente para los colombianos, promoviendo la generación de condiciones de bienestar familiar y laboral que, en caso de no existir, provocarían mayores distancias sociales y desencuentros entre el capital y el trabajo.

Asimismo, romper con el vínculo entre el aporte empresarial y los beneficios al trabajador menoscaba el desarrollo institucional emprendido por las Cajas de Compensación Familiar, como operadoras del Sistema del Subsidio Familiar.

Desde su creación. las Cajas han realizado un desarrollo social indiscutible, reconocido a nivel local y en el contexto internacional. Los logros que han obtenido las Cajas, apoyando el desarrollo social de los trabajadores y sus familias, han sido garantía para que el mismo Gobierno Nacional les haya encargado la gestión o cogestión de varios programas sociales.

En una sociedad que ha desdibujado instituciones y conceptos de lo colectivo, marcada por una visión competitiva e individualista, afectada por el conflicto armado y por la inequidad social y la pobreza, mal haríamos en tolerar pasivamente que se ponga en riesgo lo que socialmente el país ha construido por más de 60 años en torno a su Sistema del Subsidio Familiar y los servicios sociales.

Tomado de: Portafolio.co