La idea de que los siete billones de pesos anuales que aportan los empleadores como una contribución parafiscal que financia programas sociales del Sena, el ICBF y las cajas de compensación pasen a ser parte del Presupuesto General no les suena a varias de las entidades beneficiarias de estos recursos.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que aún no tiene la fórmula para quitar esa carga a las empresas sin afectar los programas que financian, pero no existiría otra vía distinta al del Presupuesto General.
Dicha alternativa para Álvaro José Cobo, presidente de Asocajas, “es una amenaza para las cajas de compensación. Somos entidades privadas.
Quedaríamos supeditados a ser administradores de unos recurso no específicos, lo que genera incertidumbre en torno a la tarea que ejercen las cajas con esas contribuciones”.
Nuris Hernández, presidenta de Fedecajas, manifiesta que “está demostrado que la generación de empleo no obedece a los parafiscales. Además, habría que preguntarnos si el Gobierno estaría en capacidad de prestar los servicios sociales que son propios de las cajas. Finalmente, si la financiación queda a cargo de Presupuesto General, todo sería menos eficiente”.
Stefano Farné, director del Observatorio del mercado de trabajo de la Universidad Externado, señala que “los parafiscales (el 9% que financia programas sociales) pesan muy poco en el costo total de la nómina. Los empleadores no cambian sus decisiones de contratar por pequeños costos. Hay que pensar bien si vale la pena el cambio”.
Tomado de: Portafolio.co
