Con la propuesta de reformar la ley cooperativa y la denominación del ‘Evento carbono neutro’, arranca hoy en Cartagena el XII Congreso Nacional Cooperativo en el que se analizará el futuro del sector en el país, en donde tiene 5,5 millones de asociados, que han hecho aportes sociales por seis billones de pesos.
La presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), Clemencia Dupont, señala que la idea es revisar el régimen económico de las cooperativas, dentro de la que planteará que los aportes sociales tengan una revalorización, no del IPC como es hoy, sino a la DTF (5,29 por ciento), por ejemplo.
Este es el año internacional de las cooperativas, ¿qué implica para el sector?
Para el cooperativismo mundial es una excelente oportunidad, y un factor de visibilidad global el que Naciones Unidas hubiese proclamado el 2012 como el año de las cooperativas.
En su mensaje, la ONU invita a los gobiernos a promover el modelo cooperativo porque parte de la base de que es un sistema empresarial válido que aporta al desarrollo económico y social de los pueblos.
También, invita a los gobiernos a dictar políticas públicas apropiadas para el cooperativismo, que tengan en cuenta su especial naturaleza.
Creo que eso empata con la política del presidente Santos, y que está consagrada en el Plan Nacional de Desarrollo, de trabajar con alianzas público-privadas.
Estamos convencidos de que el sector público solo no puede desarrollar sus programas y el sector privado tampoco, y por eso tiene que haber alianzas.
¿Ya se está adelantando algo en este sentido?
Estamos revisando toda la oferta pública para ver dónde cabe el sector cooperativo y dónde puede desarrollar algún programa con el Gobierno.
Estamos muy interesados en trabajar con el Ministerio de Agricultura, precisamente para impulsar el cooperativismo en el sector agropecuario.
Estamos convencidos de que el modelo cooperativo es, sin duda, el más apropiado para desarrollar el campo porque el problema de nuestros campesinos es que solos con su pequeña parcela no pueden salir adelante: no tienen crédito, no tienen quién les compre sus productos, no tienen asistencia técnica.
De manera que sí nos interesa mucho. Sabemos de programas que tiene el Ministerio de Agricultura.
Hemos hecho algunos avances y creo que podemos presentar próximamente un proyecto que conduzca a la implementación del modelo cooperativo en el campo.
¿Qué viene en materia de regulación del sector cooperativo?
Estamos analizando una reforma a la ley cooperativa, que es de 1988; hay que actualizarla, traerla a valor presente.
Estamos haciendo un estudio general, pero por ahora tenemos especial interés en modificar el régimen económico de las cooperativas, en lo que tiene que ver con el régimen patrimonial, con la vinculación de las personas.
Uno de los temas que llevamos al Congreso es el de los aportes.
Trabajaremos en diferentes mesas, en las que se analizarán temas como la política pública y esquemas de supervisión e institucionalidad del sector, la evolución y el futuro del cooperativismo, la reforma a la ley y los modelos de integración social y económica.
¿Cuál es la idea con el tema de los aportes?
Hoy, en las cooperativas, por ser entidades sin ánimo de lucro, los excedentes no se reparten entre los asociados en función del capital que tengan.
Las personas, por sus aportes, tienen una revalorización que solamente puede ser hasta el IPC, es decir, que los aportes sociales se conservan en su valor real y no tiene ninguna remuneración adicional.
Propondremos que los aportes sociales tengan unos incentivos adicionales, por ejemplo, que se revaloricen a la tasa DTF o al interés bancario.
¿Cómo ha avanzado el tema de las cooperativas de trabajo asociado?
A diciembre de 2010, había cerca de 4.500 cooperativas de trabajo asociado. A diciembre de 2011, bajaron a 3.400, y a mayo de este año, eran 3.072.
Eso significa que las cooperativas de trabajo asociado se están depurando. Cuando un sector tiene problemas, la solución no es acabarlo como aquí lo intentó el Gobierno. Hay que identificar los problemas y darles solución.
Una salida fue un decreto que salió a comienzos del año pasado en el que prohibió la contratación de actividades misionales a las empresas, tanto públicas como privadas, con cooperativas de trabajo asociado, con lo que no estamos de acuerdo porque el Estado tiene otras herramientas de control. Ese mismo decreto elevó los montos de esas multas y muchas cooperativas han entrado en liquidación voluntaria y seguirá el proceso de depuración.
EL RENGLÓN FINANCIERO
Cooperativas de crédito sí se han creado muchas, últimamente.
El Superintendente anuncia un equipo para vigilarlas porque para prestar dinero usan el ‘nombre’ cooperativo y ese es un problema para nosotros.
¿Y qué hacen para evitarlo?
Creamos el sello ciento por ciento cooperativo, precisamente por la mala imagen que han expandido algunas, un sello que indica que la cooperativa es auténtica. Es para diferenciarlas y distinguirlas de otras que no lo son.
No es una certificación de calidad, no es una calificadora de riesgo, no son normas técnicas, es un sello propio. Evaluamos práctica de los principios cooperativos, su desempeño y estructura empresarial, y el desarrollo de su objeto social.
Tomado de: Portafolio.co
