El Congreso está a punto de comenzar a debatir la reforma tributaria y, de hecho, agendó el arranque para hoy, en una discusión en donde los puntos que prometen concentrar la controversia son si más productos de consumo tendrán cargas mayores; qué tan equitativo o inequitativo es el cambio en impuesto de renta para empresas y familias, y la financiación de la salud, el Bienestar Familiar y el Sena.
Si se cumple la agenda, el arranque será en las comisiones terceras de Senado y Cámara, que sesionarán de manera conjunta por cuanto tiene mensaje de urgencia.
Sobre esta petición para abreviar el trámite, el representante David Barguil señala que es inconveniente, porque “el país no aguanta más otro caso como el sucedido con la reforma de la justicia”.
El representante Jaime Buenahora dice que apoya el proyecto, pero también rechaza la urgencia, pues este debe ser estudiado con el rigor académico y legislativo que merece. Para Simón Gaviria, todas las reformas tributarias han sido debatidas con mensaje de urgencia, por lo que no ve por qué esta vez deba ser distinto.
EL IVA Y LA CANASTA
El proyecto plantea la generalización del IVA a una tarifa del 16 por ciento. Las únicas excepciones son para los insumos agropecuarios (5 por ciento) y para los alimentos (cero).
De 405 bienes y servicios que hacen parte de la canasta familiar, se estima que el 80 por ciento quedaría gravada con la tasa general.
Así, la medicina prepagada, hasta el momento, subiría del 10 al 16 por ciento, lo mismo que los servicios de giros postales, que no tenían impuesto.
El representante a la Cámara David Barguil estima que el Gobierno “solo mostró los temas chéveres, los que aparentemente generan equidad, pero, en el fondo, la reforma amplía la base de contribuyentes y en vez de cargar para la derecha se fue hacia la izquierda, donde están los asalariados.
“Pediremos revisión del tema de los giros, pues de cada 100 giros 62 son menores de 100.000 pesos –dice Barguil–.
Además, hay un 27,3 por ciento de municipios que no tienen banca y dependen de este servicio”.
El representante a la Cámara Ángel Custodio Cabrera señala que “en el caso de medicina prepagada, el Congreso no le jala a eso”, mientras que el senador Camilo Sánchez propone “invitar a todos los gremios y sectores para que expresen cómo sienten estas medidas y cómo les duele”.
El senador Efraín Cepeda censura el incremento del IVA a la medicina prepagada, por considerar que golpea a los ciudadanos de menores ingresos.
EQUIDAD, SEGÚN EL DIRECTOR DE LA DIAN
“La reforma no es perfecta, pero es equitativa. Muchos querrían que solo los ricos pagaran impuestos, pero eso es irreal.
Además, ellos tienen una puerta especial, son los demás los que necesitan que el país funcione y eso se logra si todos aportamos en la medida de nuestras posibilidades”.
LA BALANZA EN RENTA
El impuesto de renta para la gente, que se conocerá como
IMÁN o Impuesto Mínimo Alternativo Nacional, se empezará a cobrar desde ingresos gravables de 2,4 millones de pesos mensuales. La tarifa arranca en 1,66 por ciento y llega a 15 por ciento para rentas gravables mensual superiores a 26 millones de pesos.
El impuesto de renta para empresas también cambia.
Baja de 33 a 25 por ciento, y se cobra un nuevo impuesto a la equidad de 8 por ciento de las utilidades.
El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo estima que “este último porcentaje debió ser más alto, porque, de lo contrario, el impuesto total de las empresas bajaría porque ahora no pagarían parafiscales ni salud”.
Pedro Sarmiento, director de Impuestos de Deloitte, advierte que “estos cambios no siempre son atractivos. En compañías con carga laboral muy baja y/o salarios que en la mayoría de los casos exceden los diez (10) salarios mínimos, y que presentan pérdidas fiscales, los efectos de dichas modificaciones resultan desfavorables, dado que la liquidación de la base gravable no admite la compensación de pérdidas fiscales”.
Para el senador Antonio Guerra, quien será el coordinador ponente del proyecto, “la reforma tiende a ser inequitativa con las personas naturales. Tengo la percepción de que golpea a la clase media.
El alivio de los parafiscales para las empresas no se extiende a las personas naturales”.
El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, indica que “la equidad está en que las ventas multimillonarias de Bavaria, Promigás, Lafrancol y Genfar, entre otros, no se podrán hacer sin pagar su justo impuesto al país. En personas naturales, donde hay plata, se aprieta. Si un colombiano gana 6 millones de pesos hoy en día no paga un peso de impuestos”.
LO QUE PASARÍA FÁCIL EN EL CONGRESO
Entre los cambios que son recibidos con buen ambiente está el fin de contratos de estabilidad jurídica.
El exministro José Antonio Ocampo comenta que “se ha abusado de esta figura que crea inequidades entre empresas iguales que pagan distinto por hacer lo mismo”.
La gravación de pensiones mayores a 10 millones de pesos también es vista con buenos ojos.
“El impuesto es bajo y los recaudos servirían para solidarizarnos con personas de la tercera edad en condiciones de indigencia”, dice el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
También son bien recibidas las medidas antielusión, que restringen el uso de planificación tributaria para no pagar todos los impuestos.
De igual manera, “la carga tributaria que soportaban los no declarantes de menores ingresos, al permitirles que declaren y puedan obtener la devolución de las retenciones”, destaca Julio Roberto Piza, de la Universidad Externado.
EL DEBATE SOBRE EL IMPACTO EN EL EMPLEO
En la misma controversia están los parafiscales, pues el Gobierno propone desmontar a las empresas la obligación de aportar para la financiación del Sena y el ICBF y también les quita la carga de pagarles la salud a los trabajadores, con lo que los llamados impuestos a la nómina para los empleadores se les reduce de 29,5 a 16 por ciento.
La desfinanciación de dos de las entidades que adelantan inversión social ha sido la preocupación de algunos congresistas. “Queremos ver garantías de que esta modificación no va a afectar los presupuestos de ICBF, Sena y salud”, señala Simón Gaviria.
Mientras que para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con la reducción de parafiscales y aportes a la salud de los empleados se generarían un millón de empleos formales en dos años, para Manuel Riaño, del Observatorio de Desarrollo Económico del Distrito, “las empresas vinculan personal según sus necesidades productivas reales, y no motivadas por iniciativas legales que lleven a reducir costos de contratación”.
Víctor Ardila, coordinador de proyectos de Acopi (gremio de pequeñas y medianas empresas) también estima que “la creación de empleo no es cuestión de voluntad sino de necesidad”.
Y Juan José Fuentes, director de la Cámara de asuntos tributarios de Andesco, afirma que “nunca puede existir certeza del efecto real que pueda tener una medida tributaria sobre el empleo. Para las que no son intensivas en mano de obra, las medidas serán neutras”.
Tomado de: Portafolio.co