• El jefe de la cartera laboral destacó la experiencia de Colombia, que logró generar casi 500.000 empleos de jóvenes con una iniciativa que rebaja impuestos a las empresas que contraten a menores de 28 años, conocida como la Ley de Primer Empleo.
  • La Propuesta de una pensión compartida entre las naciones iberoamericana que alberguen ciudadanos de los países del bloque, fue incluida en la declaración final del encuentro y será llevada en noviembre a la cumbre de jefes de Estado de Iberoamerica en Cádiz, España.

Este martes concluyeron las reuniones sectoriales de Empleo y Social, preparatorias de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Cádiz, en noviembre próximo. Encuentros de los que hizo parte el ministro del Trabajo de Colombia, Rafael Pardo, con dos ponencias, una sobre los derechos y garantías laborales y otra sobre el empleo juvenil.

En el marco de la VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Empleo y Seguridad Social, realizada en Madrid, España, los funcionarios firmaronse una declaración final que permitirá potenciar la cooperación entre los países miembros y las posibles soluciones para la creación y el mantenimiento de empleos sostenibles y de calidad que deben ser la base de un crecimiento fuerte y estable de las economías. En el acuerdo se promoverá la coherencia entre las políticas económicas, socio-laborales y de formación, y su integración plena.

Los responsables de las carteras de Trabajo y Seguridad Social se comprometieron a fortalecer medidas para mejorar la calidad de la educación y la formación profesional, en el marco del aprendizaje permanente, para adecuarlas a las necesidades del mundo productivo, y facilitar la transición de la escuela al trabajo de la manera más efectiva.

También se impulsará de forma progresiva políticas que faciliten la capacitación, la formación y la práctica laboral como la implantación de la formación dual (trabajar y estudiar a la vez), tanto a través del contrato para la formación y el aprendizaje como de la formación técnico-profesional dual del sistema educativo y formativo, consiguiendo así una mayor implicación y colaboración de las empresas en la formación técnico-profesional, promoviendo una remuneración justa y los derechos laborales que les correspondan.

La declaración conjunta manifiesta que se desarrollarán planes, políticas y programas tendientes a la prevención del abandono escolar temprano y a la mejora de la orientación vocacional, que permitan una transición más efectiva desde el mundo educativo al mundo laboral, así como la erradicación del trabajo infantil.

Se promoverá la formación continua de los trabajadores para mejorar la empleabilidad de las personas y la competitividad de la economía en el largo plazo, favoreciendo el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas de programas de generación de empleo.

Igualmente, se acordó el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo incentivando la participación de empleadores, trabajadores y entidades públicas y privadas. Así como la profundización en el estudio de indicadores cuantitativos y cualitativos del mercado de trabajo en el marco de una economía global que permitan a cada país realizar sus propias evaluaciones de las medidas con el fin de comprobar la eficacia de las mismas. Anota la declaración conjunta, que la realización de estas evaluaciones es fundamental para poder planificar estrategias específicas y mejorar la situación del empleo en cada país.

Se planteó impulsar políticas dirigidas a crear un entorno favorable al desarrollo de la actividad empresarial, sobre todo entre los jóvenes, y a la inversión en un marco legal estable, promoviendo tanto micro como pequeñas y medianas empresas. Además, habrá intercambio de información entre los servicios nacionales de empleo a efectos de vincular mejor oferta y demanda en toda la región Iberoamericana.

Los ministros participantes en la VIII Conferencia manifestaron que hay que facilitarle a las empresas mecanismos que les permitan adaptarse a su entorno en un contexto global para ser más competitivas, garantizando un empleo estable y de calidad. Así mismo, impulsar políticas que fomenten la Responsabilidad Social de las Empresas, con especial atención en organizaciones que desarrollan su actividad en diferentes países.

El documento también manifiesta que se debe trabajar en la coordinación integral entre las políticas de empleo, educación y formación laboral para que los jóvenes, mejoren sus perfiles y se hagan más competitivos, respondiendo a las exigencias actuales del mercado de trabajo y de los sectores económicos en expansión.

Mejorar la relación entre las políticas activas y pasivas del mercado de trabajo y apostar firmemente por el diálogo social, herramienta útil para generar riqueza y empleos de calidad dentro del entendimiento mutuo entre trabajadores, empresarios y autoridades.

En el mercado laboral se deben impulsar acciones que garanticen el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y a la no discriminación, por razón de orientación sexual, nacionalidad, identidad cultural, discapacidad y cualquier otra condición de vulnerabilidad, incluida la no discriminación por edad, en el acceso al mercado laboral.

Se acordó proteger y garantizar los derechos socio-laborales de las trabajadoras y trabajadores migrantes en cuanto a las oportunidades de acceso al empleo y a las prestaciones de la seguridad social de acuerdo con las legislaciones nacionales.

En lo que respecta a la economía informal, se acordó combatirla, con un efecto regularizador de las condiciones de trabajo y de generación de recursos económicos al Sistema de la Seguridad Social a través del pago de cotizaciones sociales, señala el documento.

Intensificar las políticas de lucha contra el trabajo no declarado o informal, adoptando para ello medidas en la mejora de los sistemas de inspección, tanto desde el punto de vista de los recursos de que se dispone como del organizativo;

En la colaboración entre las distintas administraciones con competencias y con incidencia en la lucha contra el fraude; en los instrumentos legales de lucha contra el fraude; en la adopción de medidas de concienciación social tendentes intensificar el reproche social que han de merecer las conductas fraudulentas; y en el marco jurídico, cuando corresponda, a fin de que la ley incentive la contratación de trabajadores en el sector formal de la economía, especialmente de los jóvenes, las mujeres y las personas en situación de vulnerabilidad.

Alentar la ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social por todos los Países de la Comunidad Iberoamericana y la firma del Acuerdo de Aplicación en los países que aún no lo han suscrito, y que su normativa jurídica interna se lo permita, y proceder al seguimiento de la marcha del mismo en los países en los que ya existe plena aplicación.

También se planteó el fortalecimiento de los servicios nacionales de empleo a fin de reforzar el mercado laboral y generar empleo productivo de calidad, con un salario digno y una protección social adecuada.

Promover y asegurar el pleno respeto de los principios y el ejercicio de los derechos en el trabajo contenidos en los convenios fundamentales de la OIT, mediante el fortalecimiento, entre otros, de los servicios de inspección, conciliación e información laboral de los Ministerios o Secretarías de Trabajo/Empleo.

Finalmente, se acordó redoblar esfuerzos para la inserción progresiva de los sectores informales en los sistemas de protección laboral, de seguridad social y de tributación para que puedan crecer e insertarse laboralmente.

Esta declaración final será presentada en la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Cádiz, a mediados de noviembre.

Tomado de: mintrabajo.gov.co