Si bien la inversión extranjera crece cada día en el país, especialmente en proyectos de minería e hidrocarburos (este año estará por encima de los US$17.000 millones), las regalías no son suficientes para atender las necesidades de las comunidades, razón por la cual el senador Simón Gaviria presentó un proyecto de ley que busca subir esta participación en cerca de $2,5 billones anuales.
El proyecto de ley del Partido Liberal, que fue radicado ayer en el Congreso de la República, busca no sólo llevar las regalías a unos $11 billones cada año, sino que se den de manera escalonada, es decir, que se liquiden de acuerdo con la producción y el precio del mineral o el hidrocarburo en el mercado internacional.
Así lo señaló el jefe del Partido Liberal, quien explicó que el proyecto establece incrementos en la base de las regalías en minerales del 30% para la producción carbonífera, del 52% para níquel y del 127% para oro.
Esta iniciativa ya había encendido las alarmas de las multinacionales y empresas colombianas dedicadas a la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos, durante la pasada Feria Internacional Minera de Medellín y la Oil and Gas en Cartagena.
Empresarios como Frank Kanayet, máximo accionista de Ecopetrol, tomaron la decisión de no participar en la Ronda Colombia 2012, por considerar que se encareció la exploración y que por esta razón el Grupo GCP decidió salir a buscar petróleo en otros países.
Expertos en el sector, como Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) señalaron que este tipo de cambios en las reglas de juego inciden en las inversiones.
“Hay muchas inversiones que se encuentran a la espera de que se consolide el proyecto de regalías y que salgan los proyectos de carácter parlamentario para incrementar las regalías”, explicó.
Para César Díaz, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Minería, es necesario que el país tenga estabilidad en las reglas de juego del sector, ya que los proyectos de minería se estructuran a largo plazo y si en el camino se modifican las normas, éstos pueden quedar sólo en eso: en proyectos.
Eduardo Chaparro, presidente de Asomineros de la Andi, señaló que este tipo de iniciativas podrían espantar a los inversionistas, que ven cómo desmejoran las condiciones para traer sus dineros a proyectos mineros.
“En Colombia, hace más de 20 años no se abre una mina y esto obedece a la problemática que vive el sector, que si bien sigue mejorando, necesita un mayor esfuerzo del país para consolidar el sector”, explicó.
Gaviria sostiene que el proyecto establece que las regalías no son un costo y que por lo tanto no pueden ser deducidas de los ingresos para determinar la renta líquida gravable.
En materia laboral el proyecto incluye la obligatoriedad de las empresas mineras de contratar el 20% como mínimo de la mano de obra, bienes y servicios, entre otros, con personal oriundo de la región.
Un aparte de la iniciativa señala que las empresas que al licitar o entrar en una subasta vinculen a mineros informales (hay unos 500 mil en el país), se les dará una mayor calificación para su adjudicación.
Además incluye la prohibición de las prórrogas automáticas a los contratos de concesión. Éstos deberán ser adjudicados por subasta pública y sólo si un proyecto genera un mayor valor presente neto de ganancias para el Estado, se podrá dejar el manejo del mismo a quien lo venía explotando, claro está, previo análisis.
Sin embargo, señaló que se respetarán los acuerdos y contratos fijados con anterioridad a la expedición de la ley.
También se debe establecer un sistema de fiscalización que entregue mayores herramientas a las autoridades para el control de la actividad extractiva en Colombia.
Entre tanto, la actividad minero-energética se mantendrá con la estabilidad jurídica que ha hecho que Colombia esté en los radares internacionales de los inversionistas que ven el país como el lugar donde hay que estar.
Tomado de: elespectador.com