Sin embargo en menos de ocho días de haberse radicado la reforma tributaria por parte del Gobierno Nacional, varios sectores reiteran en los perjuicios que algunos de los artículos traerían para los ciudadanos, el empresariado y la clase media.

El más reciente fue el del partido Centro Democrático que no acompañará la Reforma “para tapar el hueco presupuestal de 12,5 billones de pesos, provocado por el derroche del Gobierno Santos, evidenciado en el aumento de 18 mil cargos en la nómina de la rama Ejecutiva y en gastos excesivos en publicidad y eventos, entre otros”.

En consecuencia, el partido Centro Democrático informó que no acompañará una reforma tributaria de cuatro años, camuflada en una ley de financiamiento, ni una que aumente el impuesto del CREE.

No acompañará una reforma tributaria que mantenga la ampliación extraordinaria de la base gravable del impuesto al patrimonio, hoy transformado en impuesto a la riqueza, dice el texto. “Cualquier impuesto de esa naturaleza debe mantener su espíritu inicial para patrimonios superiores a tres mil millones de pesos, no aumentar sus tarifas y ser liquidado cuatrienalmente con una sola base patrimonial”, agrega.

Acompañará “un sistema que no atente contra la competitividad, el ahorro y la inversión productiva; y que por el contrario contribuya a la generación de empleo y de emprendimiento, y luche con eficiencia evaluable ante la evasión y el contrabando”.

De otro lado, la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, sostuvo que “la industria de hidrocarburos es consciente de los retos que enfrenta el Gobierno para financiar su presupuesto de inversiones y gastos. Pero hoy la contribución fiscal del sector está alrededor del 70% de su renta gravable, tanto en las actividades de exploración de hidrocarburos como en la distribución de combustibles líquidos”.

Alterar la estructura tributaria “afectaría el impulso que en los últimos cinco años el sector le ha dado al crecimiento de la economía colombiana y que se expresa en más de $32 billones al año en regalías, impuestos y contribuciones, sin perjuicio del aporte al desarrollo de las regiones en forma de empleo, compra de bienes y servicios e inversión social”.

Son preocupantes las medidas anunciadas “de gravar la inversión mediante la extensión del impuesto al patrimonio más una sobretasa en el CREE. El impuesto al patrimonio, tal como fue concebido,  grava la inversión en exploración, en un momento en el cual al país le urge incrementar las reservas de petróleo y gas para mantener su abastecimiento energético y lograr la sostenibilidad fiscal y económica”.

Además, la ANDI había argumentado que lamenta “que el impuesto al patrimonio, muy mal llamado Impuesto a la Riqueza, se haya mantenido  en los niveles anteriores y supuestamente temporales y que a pesar de haber incorporado  un elemento de gradualidad, se haya reducido el umbral a partir del cual se aplica la tarifa máxima”.

Sin duda “esta propuesta afectará especialmente a los pequeños y medianos empresarios, y a los pequeños y medianos ahorradores”.

Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, había defendido la propuesta indicando que el proyecto mantiene el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) con una tarifa de cuatro por mil hasta 2018, para iniciar su desmonte gradual a partir de 2019.

Propone que el noveno punto de la tasa del CREE, aprobado por el Congreso para el periodo 2013-2015 se vuelva permanente y a partir de 2016 se destine al cumplimiento de objetivos de educación superior y atención integral a la primera infancia.

Tomado de: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2014-avanza-debatesobre-reforma-tributaria.html