Según César Llano, presidente de la Federación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), mañana miércoles entrará a conciliación y al finalizar el día se espera que sea Ley y pase a sanción presidencial.
“Esta normatividad es de suma importancia, ya que actualmente hay vacíos jurídicos que permiten hacer avalúos a cualquier persona. Solo basta ir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), presentar la cédula de ciudadanía y la persona queda registrada como avaluador”, explicó el dirigente, quien destacó el trabajo del representante a la Cámara, Carlos Alberto Zuluaga, a quien identificó como “padre de la norma”, de la cual el senador Jorge Hernando Pedraza fue ponente.
Vale anotar que el actual registro de avaluadores que lleva la SIC solo es un listado sobre el cual no ejerce un control pleno debido a que la Sentencia C-1265 de 2000 de la Corte Constitucional definió que para inscribirse no requieren acreditar conocimientos específicos sobre el tema.
Tal circunstancia ha permitido que personas sin ninguna preparación puedan determinar el valor de todo tipo de inmuebles sin contar con los conocimientos y experiencia que se requiere de manera objetiva e idónea para avaluar un bien.
Igualmente, cabe recordar que en días pasados el Superintendente Pablo Felipe Robledo le envió una carta al ponente donde le expresaba su apoyo.
“El hecho de que en la práctica cualquiera pueda hacer avalúos es peligroso, pues se requieren conocimientos técnicos y capacitación”, dijo el funcionario, quien sugirió crear entidades de autorregulación y que, a su vez, la Superintendencia las vigile.
“De ser Ley, como esperamos, la norma deberá constituirse en un instrumento que destrabe los procesos de adquisición de tierras para los proyectos de infraestructura y desarrollo social, y que asegure la calidad del patrimonio que respalda los créditos hipotecarios otorgados por el sistema financiero, entre otras acciones”, señaló el presidente de Fedelonjas.
De esta forma, y tras la eventual sanción presidencial, el siguiente paso sería que el Gobierno, a través del ministerio Comercio, Industria y Turismo reglamente –en principio- las actividades de corretaje, arrendamiento y administración de propiedad horizontal.
Tomado de:portafolio.co
