El alto tribunal admitió una demanda de nulidad interpuesta contra una función de advertencia emitida por la Contraloría, mediante la cual se conminó a las entidades del Estado a que antes de tomar cualquier decisión sobre encargos y nombramientos de personas próximas a pensionarse, se realice un estudio sobre el respaldo de aportes y cotizaciones que dicha pensión tiene y el impacto fiscal que tal decisión implica.
La Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Bertha Lucía Ramírez, admitió la demanda pero negó la solicitud de suspensión provisional de la disposición.
A juicio del demandante, Ricardo Hernández, la función de advertencia va más allá de un fin preventivo, pues “incita a los funcionarios públicos a desconocer el ordenamiento legal y Constitucional, en el sentido que constituye una apología a la discriminación laboral, en la medida en que atenta de manera injustificada contra los derechos de las personas adultas mayores que tienen la expectativa de acceder a un cargo público, toda vez que son ellos los que se encuentran en regímenes exceptuados o especiales de pensión”.
La Sala por su parte señaló que no se accedió a la suspensión, por cuanto se requiere un estudio de fondo de todas las normas que se relacionan con el régimen pensional de las personas adultas mayores y las funciones y competencias de la Contraloría General de la República.
En febrero, la Contraloría recordó que “la gestión fiscal de toda administración debe buscar la adecuada disposición de los bienes públicos y cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, por lo que las decisiones en materia de nombramientos y encargos que involucran la ejecución de recursos públicos deben atender estos principios”.
Tomado de: elnuevosiglo.com.co
