El incremento de la economía global proyectada para el periodo 2013-2017 presenta un escenario de caída en el crecimiento de 0,5 por ciento, en comparación con el del 2003-2007.
Este es el título del informe macroeconómico para América Latina del 2013 que presenta el BID, el cual es de gran relevancia para la coyuntura de la economía colombiana.
La pregunta central del estudio es cómo escapar del menor crecimiento mundial.
Si América Latina (y Colombia, en particular) viene creciendo a niveles promedios del 4 por ciento, ¿cómo lograr que pueda llegar a crecer a más del 6 por ciento?
Es ya conocido que las regiones más desarrolladas del mundo (Estados Unidos, Japón y Europa) han venido desacelerando su crecimiento. De esta tendencia no escapa tampoco China.
El conjunto de países asiáticos de mayor desarrollo proyecta un crecimiento del 6 por ciento.
El incremento de la economía global proyectada para el periodo 2013-2017 presenta un escenario de caída en el crecimiento de 0,5 por ciento, en comparación con el periodo 2003-2007.
En este entorno global desfavorable, es probable que el crecimiento de América Latina sea de 3,9 por ciento para el periodo 2013-2017, frente al 4,8% en el periodo anterior a la gran recesión.
América Latina pudo crecer de manera razonable en la fase de la crisis del 2008, al utilizar el espacio fiscal y monetario que tenía en ese momento.
El informe analiza las restricciones de estas políticas en esta coyuntura, particularmente para los países que manejan una estrategia de inflación objetivo cuyos bancos centrales han venido reduciendo la tasa de referencia a niveles similares a los de la crisis anterior. El espacio fiscal también es restringido.
De todas maneras, ahorrar rentas transitorias en periodo de auge y permitir que el gasto inducido por ingresos fiscales de mayor crecimiento mantenga unas finanzas públicas ajustadas es una buena estrategia.
En esta materia, Colombia realizó ajustes importantes con el cambio en la regla fiscal y en materia de regalías, constituyendo un fondo de estabilización, entre otros.
La parte más interesante del análisis es la que se refiere al crecimiento, la productividad y la asignación de recursos. Se hace énfasis en que el crecimiento sostenible solo es posible con mejoras en productividad de largo plazo, lo cual no ha venido ocurriendo en comparación con Asia y otras regiones del mundo.
Es aquí donde importa la introducción de reformas que mejoren el crecimiento de la productividad. Se hace un ejercicio cuantitativo que indica que el crecimiento adicional imputable a la introducción de reformas que mejoren la productividad es del 1 por ciento anual, que puede tener un impacto significativo en el largo plazo.
Hasta el momento, las reformas introducidas se han referido principalmente al comercio y al sector financiero, pero de manera generalizada poco se ha hecho en materia laboral, en transformación productiva y en materia de infraestructura. Uno de los temas ausentes del informe es el de educación.
Con respecto al asunto laboral, se menciona el esfuerzo que hizo Colombia en la reciente reforma tributaria, buscando un financiamiento neutral de los impuestos a la nómina, lo cual se espera podrá producir un efecto importante en la formalización.
La parte más oportuna para el caso colombiano es la de crear un espacio de crecimiento a través de la inversión en infraestructura. Los niveles históricos de inversión en esta son insuficientes para mejorar el stock de capital.
Sin embargo, el informe se dedica en esta parte a explorar cómo se puede financiar mayor inversión en infraestructura a través de ahorro doméstico.
Por lo menos en esta coyuntura, la disponibilidad de recursos no parece ser el obstáculo principal para el desarrollo de infraestructura en Colombia, puesto que se tienen asignados recursos en el plan fiscal de mediano plazo y se espera una participación significativa del sector privado en un ambicioso plan de infraestructura en los próximos años.
El espacio que abren los ingresos transitorios del sector minero-energético es bienvenido para este tipo de inversión. De la misma manera, los fondos privados de pensiones pueden contar también con recursos importantes que se destinen a infraestructura.
No obstante, esa promesa de crecimiento tan necesaria en este momento se ha visto opacada por las fallas de coordinación interinstitucional en el Estado, pese a la creación de la ANI y entorpecida por la forma como se ha buscado instrumentar las consultas a las comunidades, el otorgamiento de las licencias ambientales, la gestión en la compra de predios y la forma como se dirimen los conflictos que se han venido presentando con las empresas privadas concesionarias.
La capacidad operativa y gerencial de estos macroproyectos no presenta los niveles de excelencia que se requieren para lograr los objetivos que persigue toda la sociedad.
Tomado de:portafolio.co
