El Consejo de Estado le envió un mensaje a todos los alcaldes del país con el fin de recordarles que no tienen autorización alguna para exigir el pago de impuestos a moteles y prostíbulos que estén por entrar a funcionar.

El alto tribunal tomó esta decisión después de dejar sin efecto un decreto de 1991, expedido por el alcalde de Manizales en el cual se ordenaba el pago de hasta 20 salarios mínimos mensuales a los nuevos moteles.

En la decisión judicial se señaló que la ley no faculta a los mandatarios distritales ni municipales a hacer el cobro del denominado impuesto de apertura, indicando que su creación debe estar en manos del Congreso de la República.

El tribunal de lo contencioso administrativo confirmó la decisión que había tomado con anterioridad el Tribunal Administrativo de Caldas, que anuló el decreto expedido por el alcalde.

Tomado de: elespectador.com