Los desmovilizados tendrán la obligación de colaborar con la justicia y decir toda la verdad en sus declaraciones.

“Esta es una reforma indispensable a favor de las víctimas, para que no ocurra que por la falta de eficiencia del Estado en el cumplimiento de los acuerdos procesales de justicia y paz salgan a la calle miles de paramilitares sin haber dicho la verdad a las víctimas por vencimiento de términos”, afirmó el presidente del Congreso, Roy Barreras.
 

El congresista aclaró que esta reforma contempla que aquellos que salgan, una vez cumplan el término establecido en la ley, lo harán bajo libertad condicional y “previa declaración de toda la verdad y la máximas garantías posibles en materia de reparación y no repetición eso no lo contiene hoy la ley y por eso debe reformarse”.
 

A su turno el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo señaló que está convencido con el concepto de justicia transicional en Colombia, ” considero que es lo mejor y más refinado que hemos podido estructurar hasta este momento como mecanismo judicial para poder pasar de una situación de conflicto a una situación de paz aunque ella fuese parcial”.
 

Y dijo que con esta ley se le pone freno a que los desmovilizados con el fin de entrabar los procesos y no permitir que avancen, acusen a aquellas personas que nada tuvieron que ver con ese fenómeno, “por eso es que este proyecto establece las causas que tendría la Fiscalía para pedir la exclusión de este proceso a un desmovilizado”.
 

La declaración se da en el marco de que la reforma establece que si un paramilitar desmovilizado falta a la verdad y a la reparación pierde los beneficios de la ley, entre los que está la pena de cárcel por ocho años, de no atender a los requisitos el desmovilizado tendría que pagar una pena de 40.
 

“El proyecto busca establecer los requisitos sustanciales para que la persona cuando cumpla los ocho años se determine si tiene acceso a la pena alternativa y si puede gozar o no de una libertad condicional”, agregó Perdomo.
 

El vicefiscal defendió la labor de la ley de Justicia y Paz al afirmar que con ese mecanismo se han proferido, en 7 años de funcionamiento, 14 sentencias, mientras que la Corte Penal Internacional, luego de 10 años de funcionamiento, sólo ha obtenido una, “esto no justifica nuestro trabajo pero muestra el esfuerzo de los operadores de justicia”.
 

A su turno el ponente del proyecto, senador Juan Fernando Cristo afirmó que con esta iniciativa se van a acelerar los procesos de justicia y paz, “va a haber un ultimatum para que los desmovilizados tengan dos años más de tomar la decisión de finalmente de acogerse con la verdad y la reparación”.
 

“Acá hay un acuerdo interinstitucional para sacar adelante un proceso que ha tenido muchos obstáculos en sus siete años de vida. Consideramos que vale la pena darle una última oportunidad, entre otras cosas que un colapso de la justicia y paz significaría un muy mal mensaje para las negociaciones que inician este jueves en Oslo”, agregó Cristo.
 

QUÉ DICE EL POLO
 

Momentos después de la aprobación de la iniciativa el representante del Polo, Iván Cepeda, afirmó que la reforma “elimina la reparación judicial para las víctimas, dejándoles como único camino la reparación administrativa”.
 

“Esto no es un mico, sino un orangután que se le trepó al proyecto. Es inadmisible que las víctimas, teniendo la vía directa de la reparación en el proceso judicial de Justicia y Paz, deban ahora iniciar nuevos trámites. Sin duda, estamos ante un mecanismo de desmotivación para que las víctimas participen en los procesos y para que accedan a la reparación”, afirmó Cepeda.
 

Y agregó que este proyecto contradice la Ley de Víctimas en cuanto deja sólo una opción para la reparación, mientras la norma contempla que se pueden ejercer las vías judicial y/o administrativa sin que sean excluyentes.

Tomado de: eluniversal.com.co