Ello implica que el Estado debe intervenir decididamente en casos donde su presencia es menester en aras de promover el vínculo social, y que sin duda incurrirá en inversiones que no le serán “rentables” al momento de lograr un análisis de la sostenibilidad financiera a partir de las lógicas del libre mercado sin más.
A partir de lo anterior, un primer paso es aceptar que el sistema de salud y el sistema pensional requieren no solamente la regulación por parte del Estado, sino su decidida intervención en la gestión de recursos suficientes para superar las crisis que día a día enfrentan y que ya aparecen como parte del aburrido paisaje político nacional. Ahora la propuesta es que sea el Estado quien logre administrar los recursos que se obtienen a partir de los aportes que hacen empleados y empleadores a salud y pensión, en aras de evitar la intermediación y lograr mayor eficiencia. Los críticos inmediatamente reaccionan recordando lo mal administrador que resulta ser el Estado, cosa que es indudable pero que no por ello implica perder cualquier esperanza en un cuerpo de funcionarios profesionales, no políticos, que permita ahondar el papel del Estado como promotor del vínculo social y regulador lejano pero firme del libre mercado.
Por otra parte, se sugiere que el Estado debe buscar la manera de subsidiar una pensión mínima, a partir de la cual el ahorro individual de cada quien y su correspondiente rentabilidad permita un incremento en el monto de la misma. Muy loable el asunto, pero debe tenerse siempre presente la necesaria solidaridad y por tanto revisar el monto de aporte al sistema de quienes más ingresos reciben, bien en sus actividades económicas independientes, bien como empleados. Lo mismo debe ocurrir en salud, en aras de evitar la gran brecha que hoy existe entre quienes tienen que hacer uso de los servicios de su EPS y quienes tienen la posibilidad de aportar a un sistema de medicina pre-pagada. No se trata de negar la posibilidad de servicios de mejor calidad a quienes puedan costearlos, sino de garantizar que los servicios básicos sean también de la mejor calidad para la gran mayoría de los colombianos que no tienen otra opción.
Ahora bien, no nos vamos a llamar a engaños, siempre que se trata de la administración de recursos públicos, entran el escenario intereses de políticos, que no intereses políticos, que buscan o bien apropiarse de aquello que se deriva de su inversión, o de la burocracia que implica su administración y gestión.
Es el problema eterno del Estado, y debe ir acompañado de una carrera administrativa sólida pero lo suficientemente flexible para exigir de los funcionarios la mayor eficiencia y transparencia. Sin un incremento en los aportes de quienes más ingresos obtienen en Colombia, uno de los países más desiguales del mundo, un papel claro y definido para la intervención del Estado y un cuerpo de funcionarios profesionales altamente eficiente y vigilado, más no ahogado en procesos disciplinarios ridículos; cualquier reforma a los sistemas de salud o pensión caerá en terreno infértil. Esto puede conducir a cuestionar la cultura política de los colombianos, que sin duda tiene un impacto directo en el ejercicio de la política y los intereses que allí se encuentran, pero este será tema de próximo columna.
Tomado de: larepublica.co
