Así lo demuestra un análisis realizado por el Sector de la Minería a Gran Escala, gremio que agrupa a las mayores empresas productoras de una cuarta parte de exportaciones de minerales, estudio en el que se evidencia que desde 2004 la Nación ha dejado de percibir 1,52 billones de pesos en impuesto de renta proveniente de la producción de oro, a razón de 190.000 millones anuales.
Eso quiere decir que se evadió en los últimos ocho años lo equivalente a lo que girará cada año la Nación de 2014 a 2020 para construir los cuatro ramales de las Autopistas de la Prosperidad.
La cifra del estudio gremial, conocido por este diario, resulta de una prueba ácida a la rentabilidad de una mina que, en su escenario más bajo, arroja que por cada 100 pesos pagados de regalías se debe pagar un impuesto de renta de 90 pesos.
Sin embargo, los registros oficiales indican que de 2004 hasta 2011 las regalías pagadas por el oro, sumaron 554.932 millones de pesos, pero la contribución del impuesto de renta solo llegó a los 187.000 millones, un poco más de la tercera parte.
Un hallazgo contundente
―El histórico nos está mostrando que por cada 100 pesos que se pagan de regalías, solo se están tributando 31 pesos de impuesto de renta, ¿dónde están los otros 59 pesos?, y eso que hablamos de un extremo de rentabilidad mínima‖, cuestiona Claudia Jiménez Jaramillo, directora Ejecutiva del Sector de la Minería a Gran Escala.
La preocupación es mayor, teniendo en cuenta que de las 56 toneladas de oro que el año pasado pagaron regalías por 157.638 millones de pesos, las empresas que representa Jiménez solo aportó el 11,4 por ciento y se atribuye entre un 30 y 40 por ciento a la pequeña, mediana y artesanal minería que cuenta con título minero vigente.
Eso quiere decir que, en el más optimista de los escenarios, solo el 50 por ciento de la extracción de oro es formal. Pero la otra mitad que paga regalías, no tiene ninguna trazabilidad, no lleva contabilidad alguna y, en consecuencia, tampoco paga impuesto de renta, concluye el estudio gremial.
Al margen, resulta más alarmante que no se cuenta con los mecanismos oficiales para determinar cuáles empresas o personas está extrayendo la mitad del oro del país que, entre enero y junio, se estima que alcance una producción de entre 25 y 27 toneladas de oro.
Incluso, en el sector toma fuerza la sospecha de que todo ese oro no sale del subsuelo colombiano y entra de forma ilegal proveniente de Panamá y Ecuador, para ‗blanquerlo’ en Colombia antes de seguir su rumbo por el mundo.
Una cruda realidad minera
La alta informalidad y evasión en la producción de oro está en sintonía con el Censo Departamental Minero 2010-2011 que el Ministerio de Minas y Energía divulgó el 14 de agosto pasado y deja al descubierto una realidad sobrecogedora en 23 departamentos.
―Durante el proceso de recolección se identificaron 14.357 unidades productoras de minería, de las cuales tan solo el 37 por ciento tiene título minero. Los departamentos con alta concentración de unidades productivas sin título minero son Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Magdalena,Santander y Cauca‖, señaló en su momento Juan Carlos Arce, funcionario del Ministerio.
Para ajustar, del total de unidades productoras de minería, se desprende del Censo, el 65 por ciento no paga regalías, el 66 por ciento no lleva contabilidad ni inventarios de producción. Pero hay más: el 72 por ciento de las 14.357 unidades verificadas no implementa acciones de seguridad minera y salud.
Ocupacional, el 75 por ciento no cuenta con permiso ambiental y el 42 por ciento no posee ningún tipo de relación laboral formal.
¿Cómo conjurar la evasión?
Desde la Cámara Asomineros de la Andi, la Cámara Colombiana de Minería y el Sector de la Minería a Gran Escala se han aplaudido las reformas para fortalecer la institucionalidad requerida para una locomotora que arrancó sin tener todos los rieles oficiales en su lugar.
No obstante, todos han insistido en que es necesario focalizar la acción del Gobierno en la fiscalización minera como única medida eficaz para formalizar el sector y cerrarle el paso a la extracción ilícita, el mayor cáncer de la producción de oro en el país.
De paso, esto también permitiría cerrar la alta evasión en impuestos básicos como la renta y la Nación tendría más recursos disponibles para, por ejemplo, inversión social.
Ante tal problemática, el Gobierno tiene ahora sus mayores cartas en la reforma al Código Minero vigente (Ley 685 de 2001) y que anunció presentará en esta legislatura al Congreso, donde sobre salen los incentivos para la formalización y se adquieren los amparos jurídicos para combatir de forma más contundente a las dragas ilegales.
La otra carta es la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Minería que ya contrató a dos consorcios privados que apoyarán la inspección en 9.200 títulos mineros ubicados en 30 departamentos.
Una tarea nada fácil.
Radiografía
Minería con retos de parte y parte
Al margen del estudio sobre evasión del impuesto de la renta en la producción de oro, la directora Ejecutiva del Sector de la Minería a Gran Escala, Claudia Jiménez Jaramillo señala los que considera los mayores retos que tiene por delante el Gobierno y las empresas:
Desafíos del Gobierno:
-La nueva institucionalidad para el sector debe comenzar a dar resultados concretos y ―pasar de planes de choque a procesos estructurados‖.
-Sigue en mora la legislación mineroambiental y definir dónde sí y no se puede hacer minería.
Desafíos de las mineras:
-Cumplir cada vez mejor sus compromisos con altos estándares en materia social y ambiental.
-Generar más encadenamientos con otros sectores de la economía.
En definitiva
Desde el sector formal de la minería se espera que el Gobierno tome las medidas de fiscalización para
extirpar una competencia ilegal en la producción de oro que también es un gran evasor
Tomado de: banrep.gov.co
