Dos temores asaltan a los contribuyentes y políticos del país tras conocer la nueva versión del proyecto de ley de reforma tributaria: el desmonte de parafiscales, es decir, las contribuciones de las empresas a través de la nómina, para financiar el Sena y el ICBF, y los cambios propuestos para simplificar las tarifas del IVA.

La nueva repartición de los ocho puntos del llamado impuesto para la equidad, que le aplicarán a las empresas para financiar los parafiscales y la seguridad social de los trabajadores, volvió a encender la alerta social. El Gobierno estima que por ese tributo se recaudarán 4,4 billones de pesos, es decir, al ICBF le corresponderán 1,21 billones (2,2 por ciento); al Sena 0,79 billones (1,4 por ciento), y 2,42 billones (4,4 por ciento) serán para cubrir la salud de los empleados.

Si la plata no alcanza, habrá que meter la mano a la bolsa del Presupuesto General, lo que inquieta a los defensores del Sena, porque depender del presupuesto general, después de haber tenido una financiación directa y estable, no les genera confianza.

El exdirector del Sena, Darío Montoya, dijo que con la decisión que se pretende tomar, el Sena queda herido de muerte. "La única institución que amerita que le dejen los recursos parafiscales es el Sena, pues los empresarios aportan para que les devuelvan mano de obra formada".

La medida, según el Gobierno, motivará a los empresarios a crear un millón de empleos en los próximos dos años, cifra que fue avalada por la Asociación Nacional de Industriales (Andi), que estima entre 850.000 y un millón de empleos en el primer año de aplicación de la reforma (2014).

Pero para los académicos las cuentas son otras. Un estudio de la Universidad Externado, del 2010, señala que, el efecto de desmontar los parafiscales, acompañado de una reducción al impuesto de renta, más una compensación al recaudo, con otro impuesto, solo generaría 178.000 empleos adicionales el primer año.

Juan Manuel Camargo, vicepresidente jurídico de Almaviva, destaca que "la reforma sí puede tener éxito en materia de empleo. El camino escogido no es el más sencillo. Se propone bajar la tarifa del impuesto a la renta y crear un nuevo impuesto (Cree), pero los dos tienen base gravable distinta, lo que aumentará la complejidad en el cálculo tributario, puede dar lugar a un mayor pago efectivo de impuestos y es posible que estimule la evasión".

TODOS QUIEREN IVA DEL 5%

Alrededor del IVA hay un sabor agridulce entre los diversos sectores de la economía. La tarifa más apetecida, de las tres que estableció el Gobierno (0, 5 y 16 por ciento), es la intermedia, que solo se creó para incentivar al sector agropecuario.

Los hoteleros piden el cinco por ciento, porque la reforma prevé para ellos un cobro del 16 por ciento. De no producirse dicha reducción, el gremio hotelero explica que a corto plazo habría un alza en las tarifas de hospedaje y favorecería la ilegalidad.

Otro sector en alerta es el que se dedica al alquiler de inmuebles comerciales, porque allí les cambian el panorama. De un IVA del 10 por ciento, pasarán al 16, lo que, para Nadia Morales, presidenta de Fedelonjas –gremio de propiedad raíz– "podría conducir que los arrendatarios y propietarios busquen la ilegalidad en sus vínculos contractuales, asumiendo más riesgos en sus negocios inmobiliarios y perjudicando de esta manera a los administradores de finca raíz en el país".

Entre tanto, al sector maquinaria agrícola (importadores y fabricantes nacionales) les preocupa que al estar sin doliente en el Congreso, sean susceptibles de que les amplíen el universo para la imposición del IVA. "Señores, hay que leer la letra menuda de la reforma que presentó el Gobierno, porque quieren ponerle 16 por ciento de IVA a los tractores agrícolas", alertó Rafael Carvajal, gerente de Tractogermana, importador de la marca de tractores Deutz.

Tomado de: Portafolio.co