El Gobierno tiene lista una de las iniciativas más importantes del Ejecutivo. Se trata del proyecto de ley que modifica al código penitenciario y carcelario, el cual será presentado esta semana al Congreso.
Cabe decir que en Colombia existen hoy 38.252 personas sindicadas privadas de la libertad y 77.845 condenadas que podrían beneficiarse de los programas de readaptación, para lo cual es fundamental la contribución de gremios y empresarios.
"En el proyecto que entregaremos estamos impulsando los estímulos tributarios a las empresas que se vinculen a los programas de resocialización, que van desde la rebaja de impuestos hasta la exoneración de los mismos", dice la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, quien habló con Portafolio sobre el tema.
¿Qué importancia tiene el sector privado en el nue- vo Código Penitenciario?
El proyecto es ambicioso en vincular al sector privado en varias etapas de la readaptación: la educación de la población privada de la libertad, la capacitación en diferentes oficios y las oportunidades laborales.
Incluso, se prevé para el último trimestre del 2013 la adjudicación de las primeras licitaciones para la construcción de megacárceles, en convenios de Asociación Público-Privada. Realmente, la respuesta que esperamos del sector privado es una participación completamente activa y socialmente responsable, con el fin de lograr su reincorporación a la sociedad en condiciones de productividad y desarrollo.
¿En cuánto tiempo se estarán implementando las alianzas Gobierno - sector privado?
Estas alianzas, como ya lo anoté, empiezan a concretarse en el último trimestre del año. También, estamos viendo la posibilidad para que la población reclusa celebre contratos, ya sea de trabajo o de prestación de servicios, no solo con el establecimiento penitenciario, sino con empresas que tengan convenios con el Inpec.
¿Qué impide que los beneficios actuales funcionen?
El país tiene que entrar en una política que promueva la responsabilidad social empresarial. Y nosotros, como Gobierno, estamos convencidos de que invertir en la justicia es muy rentable para el país y la sociedad.
Debido a la sobrepoblación que tiene el sistema penitenciario y carcelario, que supera los 40 mil internos (más de 50 por ciento de sobrepoblación), esta es una tarea que se ha venido quedando relegada a la disponibilidad de cupos para estudio o trabajo.
¿Cuántas personas se beneficiarían?
La idea es llegarle a toda la población penitenciaria y carcelaria. Hoy, Colombia tiene 38.252 personas sindicadas privadas de la libertad y 77.845 condenadas.
Con el proyecto, el Ministerio de Justicia propone que el estudio y el trabajo de la población reclusa sean un derecho y no una obligación.
¿En la nueva política qué papel jugarán los entes territoriales?
Este es un tema crucial dentro de la modificación al Código. Si bien la legislación colombiana contempla unas obligaciones claras para las entidades territoriales en relación con la población sindicada, esto, en la práctica, no se cumple, y la gran falencia está en la falta de presupuesto.
Uno de los retos del proyecto es separar a la población condenada de la que está detenida preventivamente. Para ello, se impone como obligación que los entes territoriales destinen dentro de las partidas presupuestales y de manera ineludible recursos para la atención de estas personas sindicadas, lo cual impactaría directamente en la reducción de la sobrepoblación.
La infraestructura cambiaría con un modelo de alianza público-privada
El Ministerio de Justicia está tratando de implementar un modelo de Alianza Público- Privada que permita que las empresas diseñen, construyan, financien y administren los nuevos centros penitenciarios, encaminado a ampliar 26 mil cupos.
La iniciativa también contempla la construcción y adecuación de más centros de detención como hogares de paso, casas de arraigo, centros médicos para drogadictos, colonias agrícolas en el campo (para reclusos de mínima seguridad); su número depende de la necesidad de la población interna.
Tomado de:portafolio.co