El país está a punto de iniciar uno de los debates legislativos más importantes de sus últimos 20 años: la reforma al régimen de protección social en salud. Desde 1993, cuando entró en vigencia la Ley 100, no se había presentado una propuesta tan ambiciosa como la actual, en la que están en juego $26 billones, recursos con los que se financia hoy el sector.

Como con cualquier proyecto de ley, lo importante no es lo que entra al Congreso, sino lo que sale finalmente aprobado.

Desde esta perspectiva, las amenazas contra la iniciativa son mayúsculas; en especial si se tiene en cuenta que todos los legisladores están calentando motores para las elecciones en marzo de 2014.

La propuesta del Gobierno apunta en buena dirección. Primero, centraliza el manejo de los recursos.

Segundo, descentraliza las responsabilidades, por ejemplo, dejando en manos de alcaldes y gobernadores el nombramiento de los gerentes de los hospitales; así, el manejo de la salud en las regiones se pone sobre la mesa y deja de ser un asunto resuelto tras bambalinas.
 

Además, la reforma modifica radicalmente el Plan Obligatorio de Salud (POS), reemplazándolo por un listado de "excepciones" a la regla; eso significa que el nuevo listado no definirá a qué servicios, procedimiento y medicamentos tienen derecho los colombianos, sino a cuáles no. De otra parte, la propuesta del presidente Santos endurece el marco regulatorio para la venta de medicamentos en el país, poniéndole coto a los altos precios y a la renovación de patentes sobre medicamentos existentes. En total, se trata de 67 artículos que transforman el sistema de salud.
 

A la propuesta inicial le han llovido críticas de todos los sectores, lo cual revela que algo bueno debe tener. Algunos congresistas señalaron que la reforma eliminaba la tutela como mecanismo para acceder a los servicios de salud. Este es un argumento equivocado: ninguna ley ordinaria puede impedirle a un colombiano que acceda a la tutela, que es un mecanismo establecido por la Constitución, y reformar la tutela exige de un ajuste constitucional que sería completamente inconveniente en estos momentos.
 

Otros han señalado que se les van a legalizar los capitales a las EPS 'bandidas'. Tampoco es cierto. El Gobierno propone algo que ya han hecho anteriores administraciones: mandarles un salvavidas a los hospitales públicos que estén en problemas por la liquidación de alguna EPS. Ningún punto del proyecto oficial propone que se "indulten" los delitos asociados al manejo de esos recursos. Para castigar a los culpables de la corrupción con los dineros de la salud están el Código Penal, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y los jueces.
 

Tampoco es cierto que la reforma mantenga el statu quo: primero, "nacionaliza" el manejo de todos los recursos. De hecho, el economista Armando Montenegro en una de sus columnas en el diario El Espectador, alertó sobre el riesgo de que exista un único ente público pagador que se conocerá con el nombre de Salud Mía. El riesgo es evidente, pero nadie puede decir que la propuesta no significa un giro de 180 grados, pues les quita el manejo de recursos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
 

De otra parte, las EPS también van a ser transformadas. Primero, porque desaparecerá el incentivo para no prestar servicios, pues de ahora en adelante el pago de 40% de sus servicios estará atado a la obtención de resultados en salud mediante una auditoría anual. Segundo, porque la plata nunca pasará por sus cuentas. Los pagos los hará de manera directa Salud Mía a los hospitales e IPS.
 

La reforma podrá ser de todo, menos un saludo a la bandera.
 

Técnicamente política
 

Esta es apenas una parte la discusión: la que se refiere al contenido de la reforma, que se trata de un asunto puramente técnico. Hay otro ámbito de tensiones, asociado al asunto político y, específicamente, a las próximas elecciones parlamentarias. El país entró de lleno en un año preelectoral que culminará en marzo de 2014, y ese no es un tema menor.
 

Los parlamentarios ya empezaron a moverse. El primer signo de alerta quedó en evidencia desde el mismo momento en que se radicó el proyecto. El debate sobre la reforma a la salud tiene su propio caballo de Troya: un segundo proyecto de iniciativa parlamentaria que quedó radicado el mismo día en que el presidente Santos fue hasta el Capitolio para presentar el suyo en la secretaría del Congreso.
 

Ese otro texto se conoce como 'Reforma Estatutaria a la Salud' y busca, con 14 artículos, reglamentar el alcance del derecho a la salud establecido por la Constitución. Se trata de una norma que se ha venido aplazando desde hace 22 años. Ese proyecto es de iniciativa parlamentaria. Hay quienes creen que es una jugada magistral de los legisladores, porque la discusión se dará en dos comisiones: la Séptima –de asuntos de salud– y la Primera –de asuntos constitucionales–. De esta manera se ratifica que los congresistas tienen la sartén por el mango en esta discusión.
 

Ya la Comisión Primera de Senado se reveló frente al proyecto de Santos asegurando que la prioridad es legislar sobre el derecho a la salud, antes que reformar el esquema de servicios. Esto significa que la reforma estatutaria se podría perfilar como un palo en la rueda para el proyecto ordinario.
 

¿Cuál es el objetivo? Tener margen de maniobra. Primero, para negociar con el Gobierno puestos o presupuestos adicionales. Hasta el nombramiento de un interventor de una entidad de salud, que es un trámite puramente administrativo, podría convertirse en un tema de discusión de la "alta política".
 

El sistema de salud es un organismo con vida propia. Actualmente hay muchas instituciones, por ejemplo, que están en liquidación o intervenidas y necesitan contar con gerentes liquidadores o interventores, que realizan pagos millonarios en las regiones. La Superintendencia de Salud tiene actualmente 39 entidades intervenidas, dentro de las que se encuentran, por ejemplo, Solsalud o Salud Colombia.
 

El riesgo es que algunas de estas entidades terminen como fortines burocráticos, para financiar campañas políticas. Los malos manejos de muchas entidades del régimen subsidiado, con paramilitarismo incluido, justifican todas las suspicacias. Por eso no es exagerado advertir que el riesgo es inminente en pleno año electoral. En todas partes, los políticos se mueven de cara a las elecciones. Eso es legítimo. Lo que preocupa es que la estrategia no sea de cara al país, porque el debate legislativo que se viene es fundamental para la sostenibilidad futura del sistema.
 
 

La reforma a la salud va a ser el termómetro de la legislatura de este año; porque será la gran carta que tendrán los congresistas para negociar con el Gobierno. Es una mezcla explosiva que hay que saber manejar.

Tomado de:dinero.com