Probablemente, la fallida reforma a la justicia constituirá un punto de inflexión en la presentación y discusión de los grandes actos legislativos.

¿Qué pasará con la anunciada reforma tributaria?

En la pasada Convención de la Asociación Bancaria, el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, realizó una extensa exposición sobre los razonamientos que llevan al Gobierno a proponer una reforma tributaria.

De forma tentativa, se anunciaron algunos de los posibles cambios que traería. Aunque, más allá del borrador filtrado, se supone que el articulado permanece secreto para evitar que los grupos de presión comiencen a preparar el descuartizamiento.

EL MARCO DEL DEBATE

No se sabe si como iniciativa propia o bajo la dirección de sus superiores, Ortega está planteando una gran discusión acerca del rol de la estructura tributaria y del recaudo de impuestos en la sociedad. Así, la reforma resultante puede ser más consistente ideológica y técnicamente, y, respaldada por un amplio consenso nacional que le dé más legitimidad al cobro de impuestos y reitere la obligación ciudadana de pagarlos.

Evidentemente, el sistema tributario es uno de los principales efectos prácticos de un determinado régimen político.

La totalidad de los ciudadanos se ve afectada, en sus ingresos y en su capacidad de consumo y de ahorro, por esta normativa, que reparte las cargas de la financiación de las actividades del Gobierno entre individuos y grupos sociales.

Esto refleja valores, deberes, y un concepto particular de equidad.

En adición al objetivo de financiar el Estado, a las normas tributarias típicamente también se le cuelgan otros objetivos.

Intentan incentivar determinados sectores económicos, algunas actividades concretas, premiar a unos grupos sociales, que se suponen desfavorecidos o que simplemente devengan un poder político especial.

Finalmente, las normas tributarias deben engranar de tal manera que sean eficaces, ejecutables, fáciles de cumplir y supervisar. El clamor de los contribuyentes para trabajar en tal dirección es evidente.

TAMAÑO Y FUNCIÓN DEL ESTADO

La presentación en la Convención Bancaria comenzó refiriéndose a varios de los más comentados problemas sociales que tiene el país. Hizo énfasis en la alta desigualdad comparativa que tiene Colombia, medida por el índice Gini.

Mencionó las deficiencias en educación, el aparato judicial, la alimentación de amplios sectores de la población infantil.

El mensaje sería:más recaudo permitiría aumentar el 'gasto social' y mejorar el bienestar.

Pero claro, presuponer que más recaudo tributario redundará en mayor equidad y bienestar social, es un acto de fé sin evidencia.

De hecho, de forma paralela, esta y muchas de las presentaciones realizadas durante la Convención se dedicaron también a denunciar la ineficacia de las distintas actividades del Gobierno.

A los funcionarios públicos y políticos les gusta subrayar la necesidad de la acción del estatal, para invocar su inevitabilidad, ignorando el creciente escepticismo del público.

Por ejemplo, el mismo Director llamó la atención sobre las deformaciones que tiene la normatividad por la manipulación a la cual ha estado sometida por los legisladores y, particularmente, sobre la propensión a la corrupción de la función policiva a las diferentes formas de evasión.

Asimismo, en un cuadro de alto dramatismo, mostró cómo la política fiscal en Colombia no genera ningún impacto redistributivo. Aún peor, llamó la atención sobre las numerosas actividades en las cuales el recaudo y el gasto del Gobierno tienen una función claramente regresiva sobre la distribución del ingreso.

Un caso protuberante es el gasto en el pago del escaso millón de pensionados, que se consume la totalidad del recaudo del IVA, y ni siquiera paga impuestos sobre su privilegiado ingreso. Es decir, el 2% de la población recibe el 20% de los tributos; recaudar de todos para entregar a pocos.

FIN A LAS DISTORSIONES

El régimen tributario actual no parece responder a ninguna lógica ni principios.

Y esta reforma buscaría cierta consistencia. Por ejemplo, la proporción del ingreso que, en términos efectivos, destinan al pago de impuesto de renta las personas de muy alto ingreso es igual, o incluso levemente inferior, a la proporción que destinan las personas de más bajos ingresos.

Igualmente, apenas 1,1 millones de personas declaran renta. Las tarifas del impuesto sobre la renta son muy altas y el recaudo muy bajo; se buscaría entonces reducir la tarifa, disminuir exenciones y aumentar la base.

El Director también alertó que , con base en la experiencia de otros países, los dobles incentivos tributarios a la financiación de la vivienda son excesivos y alimentan injustificadamente la creación de una eventual burbuja inmobiliaria.

Simplificar la normativa es tal vez el objetivo más loable.

El Estatuto Tributario tiene 6 libros, 881 Artículos con 136 disposiciones complementarias. Hay 29 tipos de sobrededucciones y 7 tarifas de IVA, etc.

Finalmente, esta reforma tributaria, que busca ser precedida por una amplia discusión, es una oportunidad única para que Colombia replantee el sentido de un Gobierno que crece excedidamente, sin capacidad de ejecución ni de control, y menos con efectos tangibles sobre la mejora en la equidad social o el desarrollo económico.

Los ingresos tributarios ya han crecido sorprendentemente en términos absolutos.

Por ejemplo, en el 2011 crecieron un 25%. Como proporción del PIB, estos ingresos pasaron del 11% en el 2000 a casi el 15% proyectado para este año.

La reforma tributaria debe concentrarse en darle una racionalidad al tamaño del gasto público. Junto con el recaudo se deben revisar los egresos, su lógica y su justificación, y reducir la enorme carga tributaria que frena el crecimiento económico y no contribuye al bienestar social y al aumento de la equidad.

Tomado de: Portafolio.co