Junto a un paquete de cambios institucionales, fiscales y de ordenamiento, la Casa de Nariño ha buscado no solo transformar el marco jurídico de las entidades territoriales, sino también fortalecer su capacidad de inversión. El compromiso gubernamental con las regiones en estos dos años ha ido más allá del discurso y se ha traducido en iniciativas constitucionales, leyes orgánicas y programas en el Ejecutivo.
Por esa razón, causó sorpresa que en la reciente ley de presupuesto, el Gobierno introdujera una disposición por la cual puede objetar aquellos proyectos que no considere de importancia regional.
El artículo, defendido por el Ministro de Hacienda, fue rechazado por los gobernadores como un 'veto' del centro a las iniciativas provenientes de los departamentos. Ahora, las instancias delegadas que aprueban las propuestas de los entes territoriales necesitarán la luz verde del Ejecutivo.
La reacción de los mandatarios locales no se hizo esperar. En palabras de Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, la medida refleja un "centralismo inoportuno, irrespetuoso y que no se compadece con lo que está ocurriendo en el país".
Pero el titular de las finanzas públicas insiste en que la disposición está destinada a garantizar que los recursos de las regalías -cuyo presupuesto aprobado para los próximos dos años supera los 17 billones de pesos- no se desperdicien.
Si bien el debate ya no tiene mayor efecto porque el articulado fue aprobado por el Congreso, sí refleja una tensión básica en cualquier esfuerzo de descentralización. El nuevo sistema, que entró a operar a mediados de este año, ha ampliado el número de municipios que reciben dineros de las regalías de 522 a 1.089.
Eso lo calificó el gobierno Santos en su momento como "repartir la mermelada". También se estrenaron, al mismo tiempo, un aparato institucional, los Ocads, y un mecanismo de asignación y distribución, coordinado por Planeación Nacional. Así se han aprobado más de mil proyectos por más de 3 billones de pesos.
La invitación hecha a municipios y departamentos fue clara: mientras más y mejores propuestas fueran presentadas, su aprobación sería transparente y democrática.
Aunque con un lento despegue, el sistema ha venido aumentando sus indicadores en número de iniciativas y en monto de dineros asignados. Algunos entes territoriales fueron más perezosos que otros en aprender el nuevo lenguaje, y seguramente faltó pedagogía de los técnicos de Planeación. Por el lado de quienes perdieron parte de la tajada, el descontento fue todavía mayor.
Precisamente, cuando todo el montaje estaba ajustando sus piezas y tomando ritmo, llega el artículo del veto. No debe sorprender a nadie el rechazo de los gobernadores y el apoyo de los congresistas a lo sucedido, pues estos tienen mayor capacidad de cabildeo en Bogotá.
Y si bien se trata de evitar excesos como las piscinas de olas o los elefantes blancos que se convirtieron en un sinónimo de corrupción en los entes territoriales en el pasado, el mensaje es contradictorio. Aparte de paradójico para un Gobierno que no se ha destacado por sus expeditos índices de ejecución.
Evidentemente, los cables del Ministerio de Hacienda y de Planeación están cruzados en este punto. Mientras el segundo busca ampliar la capacidad de formulación de proyectos de departamentos y municipios, el primero envía un mensaje de desconfianza sobre la capacidad que estos tienen para decidir iniciativas de peso.
Aún es pronto para medir el impacto de lo ocurrido con la anuencia de los congresistas. Pero no hay que pasar por alto la tensión que se genera entre la capital y las regiones, pues para sus detractores este artículo es una bofetada que atenta contra la confianza mutua.
Tomado de:portafolio.co