El Gobierno Nacional sigue confundiendo los síntomas con las causas de la enfermedad, y se obstina a considerar los costos laborales como razón principal del mal comportamiento del mercado laboral

El entusiasmo despertado a mediados del año pasado, cuando las cifras de empleo llevaron al Presidente de la República a afirmar que: "mientras el resto del mundo está luchando para detener la destrucción del empleo, en Colombia hemos logrado crear más de dos millones de empleos", definitivamente es cosa del pasado.
 

Es más, respecto a los últimos meses de la administración anterior, los progresos registrados en el mercado laboral por el actual Gobierno han sido bastante pobres.
 

Para empezar, la interpretación del reciente comportamiento del mercado de trabajo colombiano debe partir del examen del componente demográfico.
 

En efecto, la demografía ha sido un factor determinante en sentido positivo: mientras que la población joven en edad de trabajar, por ejemplo, se incrementó en 50.000 unidades en el 2009, solo tres años más tarde habría disminuido en 13.000 unidades. En general, el moderado crecimiento de la población total en edad de trabajar ha sido providencial y ha permitido elevar la tasa de ocupación, de 53,9% en el 2009 a 57,8% en el 2012.
 

Sin embargo, y no obstante el importante repunte del ritmo de actividad económica, la generación neta de empleo ha venido debilitándose progresivamente, de 978.000 nuevas plazas anuales entre el 2008 y el 2009 a 676.000 entre el 2011 y el 2012 (ver cuadro anexo). Así que, si la ocupación total en 2012 hubiera crecido tanto como en el 2009, la tasa de ocupación sería un punto porcentual más alta.
 

En cuanto a la tasa de desempleo, su baja –de 12% en el 2009 a 10,4% en el 2012– se debe, en parte, a que la gente ya no está buscando trabajo con la misma intensidad de antes y se ha retirado del mercado laboral. Además, también en este caso el factor demográfico ha influido positivamente: los jóvenes, que representan el grupo poblacional con más alta tasa de desempleo, son siempre menos y su menor peso en la población activa contribuye a disminuir la tasa total de desempleo.
 

Durante los últimos años, no solo se ha generado poco empleo, sino que que el que se ha producido no ha contribuido a mejorar la calidad de las condiciones generales de trabajo en el país. Ni la tasa de subempleo ni la de informalidad cedieron.

Así que, la informalidad sigue afectando un 65-66% de los trabajadores colombianos y el subempleo representa un 34-36% de los ocupados totales. Es más, en el 2009 habían 3'116.190 de trabajadores que consideraban subutilizadas sus competencias laborales; en el 2012 habían subido a 3'892.389.

De igual forma, en el 2009, 5'479.231 de colombianos estaban insatisfechos con su trabajo por motivo de los bajos ingresos devengados; en el 2012 los inconformes eran un millón más (6'499.448).
 

Desafortunadamente, el Gobierno Nacional sigue confundiendo los síntomas con las causas de la enfermedad, y se obstina a considerar los costos laborales como la razón principal del decepcionante comportamiento del mercado laboral.

De esta convicción se originan las leyes 1429 de Formalización y 1607 de Reforma Tributaria, que incluyen medidas que reforman el mercado laboral y se concentran en rebajar los impuestos al trabajo.
 

A la hora de la verdad, las medidas propuestas tienen un efecto marginal sobre la generación de empleo y poco contribuyen a que mejore la calidad del este. De hecho, si las empresas pagan menos parafiscalidad en nada cambia la insatisfacción de los trabajadores con respecto a los ingresos devengados o a la utilización de sus capacidades.
 

Adicionalmente, los diferenciales de productividad entre sector formal e informal son tan amplios –según el McKinsey Global Institute, un trabajador formal es entre cinco y siete veces más productivo que uno informal– que para erradicar la informalidad laboral sería necesario un recorte de los costos laborales en un monto tan grande, de ser social y políticamente inviable.
 

Además, que en fenómenos como la revaluación y la corrupción, en opinión del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado la principal causa del desempleo y la informalidad en Colombia debe buscarse en la baja productividad de las unidades económicas y de sus trabajadores.
 

El Estado, entonces, debería emprender acciones con el fin de mejorar los beneficios de ser formal –y no solo bajar sus costos– ofreciendo servicios de desarrollo empresarial a las iniciativas productivas con potencial y promoviendo la inversión en equipo, tecnología, infraestructura y capital humano, lo cual redundará en una mayor productividad de todos los factores productivos.
 

En este sentido, hace 15 días el Presidente hizo un llamado a los dirigentes gremiales y empresariales para diseñar un plan de choque por el crecimiento y la productividad. Al momento de escribir esta nota no se conocían los detalles de dicho plan. Si el Gobierno Nacional se ha demorado más de dos años y medio para tomar conciencia del problema, esperemos que ahora las soluciones no sean dictadas por el afán de cumplir.

Tomado de:portafolio.co