Luego de la votación por el plebiscito por la paz en el que ganó el ‘No’, el Gobierno centrará ahora su atención durante los próximos días en hacer los ajustes finales al proyecto de reforma tributaria que se comprometió a presentar a más tardar la segunda semana de octubre.

Al ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, le quedan pocos días para ultimar los detalles del proyecto, deberá atender las preocupaciones que en días pasados manifestó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master y terminar de decidir cuáles de las recomendaciones de la Comisión de Expertos incluirá en el texto final que se le entregará al Congreso de la República.

Otro de los temas que preocupan al Presidente de la Andi, además del posible impuesto a las bebidas no alcohólicas, es el de los combustibles. Sostiene que si bien “es cierto que Colombia asumió el compromiso de reducir sus emisiones de gases efecto invernadero, esperadas para el año 2030 en un 20%. Sin embargo no debemos improvisar, ni caer en el populismo carente de análisis. La forma como se oriente la reducción de estas emisiones será decisiva para el desarrollo del país y la prosperidad, los instrumentos seleccionados deben estar armonizados con las políticas de competitividad y desarrollo social”.

Y a esto añade que “si nos equivocamos y seleccionamos instrumentos como el impuesto al carbono, el país perderá”, y argumenta que no solo se afectarán los sectores económicos que tendrán que enfrentar competidores extranjeros que no tienen este impuesto, sino que todos los ciudadanos deberán asumir nuevos costos al tomar un bus o usar la energía. 

Así mismo, Mac Master recordó que el ‘Acuerdo de París’ en ninguna parte menciona o recomienda la creación de un impuesto al carbono. Para ilustrar lo negativo que podría llegar a ser dicho gravamen, el dirigente gremial acudió a lo vivido en Australia, el cual es uno de los países con más emisiones percápita en el mundo, y donde su Primer Ministro el día que el parlamento derogó el impuesto de carbono, en 2014, manifestó: “Un impuesto inútil y destructivo, que ha dañado puestos de trabajo, el coste de vida de las familias y que de hecho no ayudaba al medio ambiente, finalmente ha sido eliminado” y agregó sobre la posibilidad de otros impuestos de este tipo que “no haría nada que dañe nuestra economía o ponga a la gente o a las empresas en una injusta desventaja competitiva”.

Concluye Mac Master que “los impuestos no pueden solucionar lo que debe solucionar la regulación. Otra cosa es que se vayan a utilizar como excusa para recaudar impuestos, lo que sería doblemente nocivo”.

De otro lado, Eric Thompson, socio de Región Andina de KPMG, sostiene que “el costo de los impuestos es un factor influyente para atraer flujos de inversión extranjera y de inversiones de portafolio, así como para incentivar o desincentivar la iniciativa empresarial”. 

Asegura también que a esta tendencia global se le agrega el hecho relevante de que los grandes países exportadores de capital, no aplican un sistema de gravar con impuesto de renta las utilidades generadas en el país de destino de su inversión. 

Thompson compara esto con Colombia, donde una multilatina de origen local, que tiene una sucursal en otro país con una zona franca del 0%, resulta que las utilidades correspondientes pagarán en el 2016 un 40% de tarifas combinadas Renta-CREE, afectando su posición competitiva. 

Y si bien la Comisión de Expertos dice que su recomendación es fijarla entre 30% y 35%, para Thompson “se quedan muy cortos y no reaccionan con la dosis apropiada ante las evidentes tendencias internacionales de reducción de tarifas sobre rentas empresariales”.

Añade que “pasar del 40% a hoy al 25% en el 2017 no sería realista por las necesidades recaudatorias”, y reconoce que el reto es diseñar un aterrizaje gradual que tomará varios períodos fiscales.

SE ELIMINA EL IMPUESTO A LA RIQUEZA

El viceministro Técnico de Hacienda, Andrés Escobar, ya confirmó que en el proyecto que el Gobierno Nacional le presentará al Congreso de la República para sus discusión se plantea la no renovación del impuesto a la riqueza, es decir, que en el 2017 se realizará por parte de las empresas el pago de la última cuota establecida en la normatividad actual.

A esto se suma lo dicho por el presidente, Juan Manuel Santos, entorno a que el 4X1.000 no será eliminado en la reforma que será aprobada, a más tardar, en diciembre e este año y regirá desde el 2017.