Lo primero es aplaudir el ingreso de Colombia como miembro número 37 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, lo cual constituye en un gran logro para el mejoramiento de las buenas prácticas institucionales en comparación con las mejores economías del mundo. 

Podrían existir críticas como las ocasionadas cuando se abrió la economía en el gobierno Gaviria, pero indudablemente lo cierto es que no estar en este selecto grupo es peor porque no habría norte de mejora en los asuntos más estructurales de nuestra economía.

De las evaluaciones y compromisos para el ingreso quedaron asuntos pendientes, entre los cuales uno muy importante es la política fiscal. Aunque la reforma tributaria estructural de 2016 fue recibida con buenos propósitos por los expertos de la OCDE, quedó aplazado lo siguiente: “Sin embargo, algunas de las recomendaciones clave de la OCDE no prosperaron, por ejemplo, eliminar el IVA sobre activos fijos, ampliar la base del impuesto a la renta de las personas y bajar el alto impuesto a la renta de las sociedades (Gráfico 10). Sin embargo, el IVA sobre activos fijos es deducible en su integridad del impuesto a la renta de las sociedades y fueron introducidos límites para la deducción de impuestos sobre la renta personal para individuos de altos ingresos.”    (Estudios económicos de la OCDE  Colombia 2017 – P 23).

La pregunta para el próximo gobierno muy importante es: ¿cómo va a cumplir con estos compromisos, si tiene que ampliar la base del impuesto a la renta de las personas naturales y bajar el alto impuesto a la renta de las sociedades?

La medida tributaria es bien impopular.  Casi de no mencionar en la campaña de las próximas elecciones, o por lo menos decir la mitad positiva para los contribuyentes y es el de disminuir el alto impuesto a la renta de las sociedades, pero nadie se atreve a proponer ampliar la base de las personas naturales.

Los profesionales independientes tienen tasas sobre los ingresos brutos que deterioran los índices normales de rentabilidad esperados de cualquier negocio. Si sumamos las tarifas de renta a las obligaciones de aportes parafiscales tendremos afectaciones al salario de bolsillo de hasta el 35% en algunos casos estudiados. Significa que le queda el 65% del ingreso bruto para poder pagar nómina y demás costos y gastos normales de cualquier actividad productiva.

Cualquier política con miras a convertir en contribuyentes a las personas naturales de los estratos de ingresos medios o mantener las restricciones a las deducciones como existe actualmente, sería un camino seguro para acabar con la clase media o peor aún desmotivar los estudios superiores.

Cordialmente,

GABRIEL VASQUEZ TRISTANCHO

Columnista Vanguardia Liberal

Tax Partner – Baker Tilly

E-mail: [email protected]

Bucaramanga, 7 de junio de 2018