Expertos advierten la fuerte carga que le significa al Estado el pago de mesadas de jubilación, no se aliviará si se mantienen las edades de retiro y el tamaño de los pagos.

La eliminación de los regímenes especiales en materia pensional, tema que se convirtió en una realidad desde este mes, es apenas un componente de una serie de ajustes que se necesitan para que la bomba de tiempo que tiene el Estado con la jubilación de los colombianos, no siga creciendo.

Si bien las finanzas públicas se ahorrarán más de 100 billones de pesos en las próximas cuatro décadas al suprimir los privilegios con los que contaban muchos trabajadores de empresas estatales, la realidad es que asuntos como el monto de las mesadas, edades de pensión y el abultado presupuesto que debe destinarse cada año, hacen que el reloj corra cada vez más rápido.

Sólo este año, 22 billones de pesos del Presupuesto General tienen como finalidad el pago de las pensiones y ya se calcula que el próximo año deberán apartarse 23 billones de pesos para cumplir con dicha obligación.

Este valor supera al monto que se destina a otros rubros como defensa (22 billones de pesos) o salud (21 billones de pesos). Pero además, esos 23 billones de pesos son únicamente para pagar las mesadas de algo más de 900.000 pensionados, que equivalen a menos del 3 por ciento de la población del país.

Poco sostenible

Y si bien Colombia no es el único país en el mundo con una fuerte carga pensional, la realidad es que el sistema cuenta con una serie de factores que lo hacen menos sostenible. Datos de Asofondos muestran que en el país, más del 80 por ciento de los pensionados figura entre el grupo de la población con mayores ingresos.

Además, tanto el monto máximo como el mínimo de las mesadas pensionales en Colombia está por encima del promedio de los países europeos que sufrieron crisis de deuda.

Al mismo tiempo, son menores las edades de jubilación (62 años los hombres y 57 años las mujeres a partir del 2014), así como los 55 años que es la edad promedio de retiro en el país, en comparación con naciones del Viejo Continente.

El presidente de Anif, Sergio Clavijo, señala que si en Colombia no se le presta atención al tema, podría terminar como los países europeos, que han tenido que hacer fuertes ajustes en los últimos meses.

Uno de los principales inconvenientes que existe en el sistema de pensiones colombiano es la posibilidad de que los cotizantes que están ahorrando para pensionarse en los fondos privados, puedan pasarse para el Seguro Social.

Se calcula que por cada afiliado que se traslada al ISS, el Estado debe darle un subsidio futuro que está entre el 50 por ciento y el 65 por ciento de la mesada pensional. Con base en esto, Clavijo de Anif considera que se hace necesario que el ISS cierre las puertas a nuevos afiliados.

El directivo explica que actualmente el gasto público en pensiones representa el 4,1 por ciento del PIB y se espera que hacia el 2050 caiga al 1,2 por ciento. Sin embargo, de mantenerse los traslados al Seguro, el gasto podría aumentar a 5,8 por ciento del PIB en el 2030.

Muchos analistas consideran que el tema pensional se ha demorado en aparecer las prioridades del nuevo Gobierno. Un informe reciente de Skandia señala que “la percepción de los analistas es que los últimos gobiernos no han avanzado en cubrir estos temas y que antes de que lleguen a convertirse en asuntos inmanejables, este nuevo gobierno debería tomar decisiones fuertes sobre el particular”.

Por su parte, el presidente de Anif dice que “infortunadamente no se ha hablado de reformas puntuales en el tema pensional, pero démosle tiempo, apenas llevan unos días, pero en los próximos meses el tema tendrá que discutirse”.

Otro tema que también pide a gritos la reforma en los pensiones, es que Colombia recupere el grado de inversión. Como se recuerda, las calificadoras de riesgo, entre ellas Standard & Poor’s han manifestado que ven con preocupación las rigideces fiscales del país, principalmente por los gastos fijos en pensiones, salud y transferencias.

Las mejoras en el mercado laboral son otra prioridad

Según Asofondos, la convivencia con el régimen de prima media y la informalidad laboral son factores que han limitado la actuación de las administradoras privadas de pensiones y cesantías en el desarrollo del país.

En ese sentido, propone combatir la informalidad laboral, por medio de una reducción en los costos no salariales para los jóvenes, equilibrar los costos del capital con relación a los del trabajo y que los subsidios estén focalizados únicamente hacia la población más pobre.

Precisamente, el presidente de Anif, Sergio Clavijo, dice que en apariencia se ha visto creación de empleo, pero al mismo tiempo el número de desocupados crece al doble del ritmo en que se generan puestos de trabajo.

Esto pone de manifiesto una presión en el mercado laboral, “señal de que los ingresos de los hogares son bajos y están saliendo más personas a buscar empleo”, explica.

En ese sentido, insiste en que el crecimiento de la economía no es la única solución para reducir el desempleo y que este se ubique en un dígito, meta del Gobierno. “Cuando hay recuperación de la economía, las empresas prefieren comprar máquinas y no trabajadores, sumado a que el auge se está viendo especialmente en minería, un sector que es intensivo en capital”.

Crisis obligó a ajustar los regímenes en Europa

Tras la crisis de la deuda, muchos países europeos se han visto obligados a realizar una serie de ajustes en las finanzas públicas y buena parte de ellos está concentrado en pensiones. Por ejemplo, en Grecia y España buscan aumentar las edades para jubilarse así como el tiempo de cotización.

Al mismo tiempo, Portugal desmontará los regímenes especiales, atará las pensiones a la expectativa de vida e impondrá penalidades por retiro temprano. Y en Irlanda, los empleados públicos harán aportes para pensión.

23,6 billones de pesos del presupuesto del año entrante tendrán como destino el pago de pensiones.