Fuente: https://www.vanguardia.com

A principio de año algunos parlamentarios denunciaron la inclusión dentro del texto del Plan de Desarrollo presentado ante el Congreso de la República de un artículo que modificaba el régimen de pensiones del país.

En él se proponía que las edades de jubilación aumentaran de 62 años a 65 para los hombres y de 57 a 62 para las mujeres, sólo para las personas que empiecen a cotizar en el momento de la aprobación de la ley. Pocos días después el artículo fue retirado del proyecto, pero la polémica no cesó.

Para algunos sectores, el Gobierno perdió una oportunidad valiosa de hacer una reforma necesaria al régimen pensional, pero para otros, los trabajadores no “aguantan” más cambios. Incluso algunos otros se atreven a decir que el retiro de la propuesta no tuvo nada de conciencia ciudadana, sino que para la administración de Juan Manuel Santos no era el momento político correcto para su presentación.

Lo cierto es que el tema continúa en la palestra y tanto el gobierno como algunos sectores privados insisten en que es necesario hacer cambios urgentes, antes de que el sistema pensional en Colombia sufra un gran colapso.

Propuesta concertada

El Presidente Juan Manuel Santos, cuando retiró el artículo del Plan de Desarrollo, aseguró que el Gobierno no pretende olvidarse del tema sino darle un tratamiento de concertación, pues el tema “es una propuesta de responsabilidad con las generaciones futuras”.

Agregó además que se presentará un nuevo proyecto donde las pensiones serán el único tema, con reformas concertadas entre los diferentes sectores, con el fin de mejorar el sistema y tener más colombianos en calidad de pensionados.

Para algunos congresistas, efectivamente lo que se requiere frente al tema es un proyecto único y no la inclusión del proyecto dentro del Plan de Desarrollo.

Para la senadora Piedad Zucardi, “el tema debe ser tratado en una ley específica y analizado cuidadosamente en las Comisiones Séptimas, que se encargan de temas sociales”. Mientras que el senador Mauricio Lizcano asegura que el Plan de Desarrollo es una ley que sólo tiene vigencia por cuatro años, no tiene presentación meter un tema que tiene repercusiones por encima de ese tiempo.

Urgente

Para entidades como la Anif, es urgente la realización de una reforma pensional en Colombia. Sergio Clavijo, su presidente, asegura que la discusión del tema es urgente.

“Anif confía en que la propuesta de la que habla el Gobierno logre ir más allá del tema de la edad de pensión, pues claramente ha llegado la hora de pensar seriamente si el esquema público de “prima media” es viable fiscalmente en Colombia”, explicó.

Según Clavijo, la reforma, para que sea estructural, debería abordar a fondo varios aspectos: “ i) el marchitamiento del régimen de prima media (cierre para nuevos contribuyentes); ii) la reducción de las tasas de reemplazo de niveles de 65%-70% a 45%-50%, eliminando los subsidios remanentes; y iii) elevando las edades de pensión en un horizonte no superior a tres años, hasta llevarlas a 65/62 años y anclarla (por fórmula) a los progresos en la esperanza de vida”.

Agregó que a pesar de que Colombia gasta hoy cerca de 4% del PIB en tan sólo 1.2 millones de pensionados (un 3% de la población, equivalente al 25% de aquéllos, tiene más de 60 años), aún no se ha introducido en el país la figura del retiro temprano. “Este mecanismo ha permitido en los países desarrollados acortar el gasto público pensional a través de entregar menos pensión, si es que la gente no desea trabajar más años a medida que se extiende la esperanza de vida, en este caso, la variable de ajuste es la reducción en la llamada tasa de reemplazo (pensión/salario de cotización)”, aseguró Sergio Clavijo.

“En efecto, una persona favorecida con el “régimen de transición” en Colombia puede acceder a una pensión equivalente al 60.5% de su salario reciente (en muchos casos el promedio de los 2 últimos años) a la temprana edad de 60 años para los hombres. La propuesta es que ese valor del 60.5% en la tasa de reemplazo se vuelva el de “retiro temprano”, pues para acceder a la pensión completa debería trabajar hasta los 62 años (con vigencia hasta 2014) y hasta los 65 años (a partir de 2015)”.

Puntualizó que esto implica que la nueva línea de tasa de reemplazo, tras la reforma que introduzca la “pensión temprana”, vendría dada por la línea BB, donde el retiro temprano daría derecho a tasas de reemplazo de 57% a los 60 años, 60% a los 62 años y 65% a los 65 años.

Igualmente, Roberto Steiner, director de Fedesarrollo advierte que el sistema público de pensiones “cuesta una plata muy grande”, por lo que el país necesita una profunda reforma que incluya, entre otros aspectos, aumentar la edad para acceder a la pensión sin que haya diferencia entre hombres y mujeres y acelerar el marchitamiento del Régimen de Prima Media o sistema público de pensiones “porque resulta fiscalmente oneroso”.

En su concepto los beneficios del régimen de prima medio sólo favorecen a escasamente un millón de personas, casi todas ellas en el nivel más alto de la población. Y agregó que “el sistema público de pensiones está creando una situación que no permite que el régimen de ahorro individual (pensiones privadas) prospere, entonces nos estamos quedando con el pecado y sin el género”.

Para Héctor Vásquez Fernández, analista de la Escuela Nacional Sindical, es necesario un amplio diálogo social sobre el tema. “La intención gubernamental es aumentar la edad de pensión y, por supuesto, el número de semanas de cotización necesarias para acceder a este derecho. Entre tanto, los fondos privados de pensiones, hoy controlados por los principales grupos financieros del país, aspiran a mejorar su negocio cerrando definitivamente las puertas a un sistema público de pensiones”.

Agrega que por supuesto el régimen pensional necesita reformas, y mal harían los sindicatos en asumir una posición reactiva o de simple defensa de intereses corporativos, “cuando de por medio están dos de los mayores problemas de exclusión y falta de derechos: el bajo índice de cotización al sistema pensional, y la baja cobertura que la población adulta mayor tiene respecto del derecho a la pensión y a disponer de algún ingreso que los proteja de caer en la indigencia, en una etapa de su vida en la que las puertas del mercado laboral se les cierran definitivamente”.

Para Vásquez, cualquier reforma del sistema pensional que no aborde de manera radical la baja cobertura de afiliados cotizantes y la desprotección evidente en que se encuentra el 80% de la población adulta mayor, sólo va a servir para hacer más difícil el acceso a este derecho.

Tomado de: https://www.vanguardia.com/economia/nacional/98236-nuevo-regimen-pensional-urgente-y-necesario