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Las finanzas bogotanas: el presente próspero y los retos del progreso

Recientemente la Secretaría Distrital de Hacienda-SDH ha planteado un posible deterioro de las cuentas fiscales debido al retiro de algunas empresas grandes que hacen una significativa contribución al recaudo del ICA, el tributo que representa la mitad de los ingresos corrientes de la capital. Según la SDH entre 2000 y 2009 un total de 1.200 grandes empresas dejaron la ciudad acarreando un costo fiscal de 127.000 millones de pesos.

Adicionalmente hay inquietud por la carga fiscal (no estimada) que podría implicar la integración tarifaria del transporte público, toda vez que pese a los beneficios de movilidad y de calidad de vida que se esperan de la implantación del Sistema Integrado de Transporte Público- Sitp, es evidente que requerirán subsidio los grupos poblacionales para los cuales el transporte constituye cerca del 20 por ciento de sus gastos.

Pero la preocupación más publicitada está asociada al endeudamiento que implicará la construcción de la primera línea del Metro. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2010-2020 los costos estimados para la primera línea de 20 Kms se estiman en 4,3 billones de pesos, 30 por ciento de los cuales debe asumirlos la ciudad, al tiempo que hasta 2016 deberá financiar en un ciento por ciento la empresa constituida para la realización de la obra porque los recursos de la Nación (vigencias futuras) se destinarán a la fase tres de Transmilenio.

En materia financiera siempre es mejor ser precavido por lo que son sanas estas preocupaciones sobre las finanzas de la ciudad. Pero, ¿qué tan justa es la medida de dichas preocupaciones? Para responder esta pregunta vale la pena empezar por notar que por lo menos durante la última década, en el contexto de un producto y una tributación per cápita crecientes, se ha logrado una inversión per cápita también creciente. A ello han contribuido tanto el buen comportamiento de los ingresos públicos de la ciudad, como la racionalización del gasto y un manejo marcadamente prudente del endeudamiento.

En efecto, tanto los impuestos, cuyos recaudos por ICA, sobretasa a la gasolina y vehículos se han beneficiado de la expansión económica hasta 2008 y de las medidas de la Administración, como las tasas por venta de servicios, multas de tránsito y cobros de valorización han seguido una línea de crecimiento complementándose con las utilidades de las empresas, los rendimientos de las operaciones financieras y los procesos de descapitalización que han inyectado recursos frescos para la inversión pública. Esto, mientras que las transferencias de la Nación han mantenido un incremento moderado a instancias de las normas de disciplina fiscal territorial. Entre tanto, mientras que los gastos de funcionamiento se han mantenido controlados y el servicio de la deuda no ha superado el 10 por ciento de participación en la ejecución total de gastos, la inversión pública se ha beneficiado con un mayor peso presupuestal.

Es decir, en una primera consideración con base en el pasado más reciente, no debería haber grandes motivos de preocupación sobre las finanzas públicas de la ciudad. Es ampliamente reconocido que factores como el buen desempeño económico, el manejo acertado de las finanzas públicas y los beneficios de la cultura tributaria de los ciudadanos han favorecido una sana fiscalidad y una formidable transformación de la ciudad durante las dos últimas décadas, quedando hacia el futuro cierto espacio para el endeudamiento.

Apenas en 2009 la ejecución de ingresos no llegó al ciento por ciento y la presión tributaria disminuyó un poco con respecto a los años anteriores.

Ahora, ya en una segunda consideración, aunque el menos lucido comportamiento fiscal de 2009 responde a la disminución de la actividad económica, en perspectiva, es clave investigar el límite de la productividad del ICA tal como existe ahora, lo que equivale a estimar con cuidado las posibilidades de arbitrar nuevos recursos por la vía del aumento de las tarifas de dicho tributo, máxime en el contexto de la preocupación sobre la “fuga de empresas”. Así mismo plantea el asunto de seguir avanzando en una restructuración de otros impuestos como el predial para que no solo aumente su potencial recaudatorio sino su progresividad, y/o en ingeniar una modernización del impuesto de vehículos para que incorpore consideraciones sobre las externalidades negativas en términos de contaminación y congestión. Esto para mencionar solo dos impuestos locales típicos que ameritan reingeniería.

En una tercera consideración, llama la atención cierta mirada parcial de las autoridades en cuanto a la inquietud sobre la fuga de empresas Esto, porque no sólo sé van unas empresas sino que también llegan otras en virtud de las transformaciones en los efectos de las economías de aglomeración de las ciudades contemporáneas de cara a los cambios en los renglones y la calidad de los servicios y en las tecnologías de información y comunicaciones. Así, ciertas empresas podrán trasladar su componente fabril pero su actividad comercial se sigue ejerciendo en la capital y ello causa, amén de que la mano de obra requerida, tanto en términos de número como de habilidades, probablemente debe trasladarse diariamente desde Bogotá dado que en la jurisdicción a donde se “fugó” no está disponible.

De esta forma, el consumo (base gravable del impuesto) fundamental de esas personas sigue verificándose en la ciudad. Y, de contera, se puede resultar estimuladas actividades de “economía regional” como el transporte entre la ciudad y las sedes fabriles. De hecho, en El Espectador del 10 se agosto refieren a un estudio de la Cámara de Comercio y la Universidad de los Andes según el cual Bogotá tiene la tasa más alta de emprendimiento de Latinoamérica, de manera que durante el último quinquenio se crearon en promedio 52.929 empresas y se liquidaron 16.804 cada año, así como en 2009 se crearon 49.380 nuevas empresas y se liquidaron 16.425, luego el balance para la ciudad es positivo.

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