Cinco meses después del asesinato del agente de la DEA James ‘Terry’ Watson, a manos de una banda dedicada al ‘paseo millonario’ en Bogotá, el Gobierno tiene listas las primeras medidas con las que comenzará a ejecutar el plan contra este delito.

Se trata de un proyecto de decreto de los ministerios de Trabajo y de Transporte que asegura la cobertura en seguridad social de los conductores de taxis y con lo cual se espera combatir la informalidad en la relación entre empresas, propietarios y taxistas.

En la capital se han presentado 37 denuncias por paseos millonarios este año, el 72 por ciento de ellos en zonas de rumba de Chapinero, Usaquén y Barrios Unidos. (Vea aquí una ilustración con las cifras de los paseos millonarios en Bogotá)

El objetivo es que los taxistas, que en Bogotá se calculan en cerca de 100.000, tengan seguridad social y en principio la afiliación al sistema será financiada por la empresa, el dueño del vehículo y el conductor.

La tesis de las autoridades es que el servicio de transporte público individual “implica una relación tripartita” y así mismo se deben asumir los costos.

Esta es la primera medida que el Gobierno proyecta implementar y que hace parte de un paquete de propuestas que aún están en discusión en las mesas de trabajo, en las que participan el Distrito, los ministerios de Trabajo, Transporte y de las Tecnologías, la Policía y la Superintendencia de Puertos.

 

Otras medidas en estudio

Una de las iniciativas que se analizan es fijar un seguro que cubra tanto a los pasajeros víctimas de un delito mientras está a abordo del vehículo como a los mismos conductores. En este punto, aún no hay consenso sobre quién asume el costo y cuál será la cobertura.

La Policía Metropolitana señaló que uno de los principales problemas detectados en el servicio de taxi es la falta de una base de datos ágil y actualizada con información de los taxistas y de mecanismos técnicos para identificar las tarjetas de control falsas. En este punto trabajan la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Secretaría de Movilidad.

Otro tema en la agenda es la seguridad de los usuarios que solicitan el servicio de taxi a través de aplicaciones para celulares y tabletas.

Para las autoridades, es clave que se garantice al pasajero que la información que se ofrece mediante estas herramientas sea segura y que las bases de datos no salgan de resorte de quienes administran las aplicaciones, como Tapsi y Easytaxi.

Sobre este mismo aspecto está en estudio hasta dónde llega la responsabilidad de los proveedores de las aplicaciones frente al pasajero y frente a la empresa a la que está afiliado el taxi.

 

El caso del agente Watson

Siete taxistas involucrados en el asesinato del agente Watson esperan que la Corte Suprema les defina si pueden ser enviados o no a Estados Unidos por su presunta responsabilidad en ese crimen, ocurrido el 20 de junio de este año.

La Corte Este de Virginia (Estados Unidos) los pidió en extradición hace dos meses, luego de que la Policía los capturó.

Los argumentos pasan porque Watson era una persona “protegida internacionalmente”, por lo que su crimen, si bien ocurrió en otro país, debe ser juzgado por la justicia estadounidense. Esa tesis fue apoyada por el fiscal Eduardo Montealegre, quien aseguró que “está clara la condición de agente diplomático de Watson, lo que le da derecho a la justicia norteamericana de pedir a sus asesinos”.

Los sindicados son Gerardo Figueroa Sepúlveda, Ómar Fabián Valdés, Édgar Javier Bello, Héctor Leonardo López, Julio Estiven Gracia y Andrés Álvaro Oviedo-García.

REDACCIÓN JUSTICIA

Tomado de: eltiempo.com